Por: Antonio Huerta Gutiérrez

Concesionarios de cafeterías escolares del Estado de México interponen un recurso legal para exigir el retiro de máquinas despachadoras de golosinas que desde hace unos tres meses instaló una empresa. La queja tiene como fundamento la ley que prohíbe en los planteles educativos de esta entidad la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra, a la cual, por cierto, nadie le hace caso. El problema, dicen, es que la emprendedora esposa del secretario de Educación, Alejandro Fernández Calvillo, es socia, presumiblemente mayoritaria, de la empresa que opera las máquinas despachadoras. ¿Privará la legalidad o el negocio familiar?