A panistas solo le importan los ricos

  • Se negaron a analizar la Ley de Amnistía a favor de personas privadas de la libertad

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 2 de Agosto de 2020.- El diputado Max Agustín Correa Hernández, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó la actitud «clasista» de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) al mostrar su rechazo a la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía para el Estado de México e ignorar a los más vulnerables que están presos injustamente porque no pudieron comprar su libertad.

Explicó que en la primera reunión de trabajo para analizar las cuatro iniciativas que existen en la materia, los diputados panistas se pronunciaron, justificándose en la pandemia del Coronavirus SARS-CoV2, por trabajar en un paquete económico que beneficie a empresarios y trabajadores, además de mostrar su rechazo para que se otorgue amnistía a mujeres que han abortado al  argumentar que no hay ninguna mujer privada de su libertad por esta causa en la entidad.

“Los diputados de Acción Nacional dicen que no necesitamos que salgan de las cárceles por la pandemia, sino más dinero para los empresarios. Ahí están las visiones clasistas de la derecha, un odio a las personas vulnerables, un desprecio a quienes lamentablemente están privados de su libertad, pero que tienen derechos humanos», resaltó.

Correa Hernández reiteró que la Ley no busca liberar delincuentes sino a aquellas personas que están presas de forma injusta, a quienes se les violó el debido proceso o sus derechos humanos, y fueron acusados de un delito que no cometieron.

“Son personas que no pudieron comprar su libertad, porque lamentablemente la procuración de justicia en el Estado de México es un ejercicio para personas vulnerables de una verdadera extorsión, porque no le pudieron pagar a un ministerio público o a un juez”, acusó.

Indicó que la Ley de Ejecución de Penas a la que apela la fracción panista, como medida para hacer justicia y ejecutar la pre liberación, significaría que una persona acusada de un delito que no cometió, tendría que admitir su culpa, lo que sería una contradicción con la justicia que se busca, mientras que en el caso de los indígenas injustamente presos, el tema no se resolvería con la asignación de un traductor, pues en su momento no ocurrió.

No obstante, confió en que a pesar de estas muestras de rechazo, se construirá una Ley de Amnistía útil, a través de un parlamento abierto y con la participación de especialistas, víctimas, colectivos, los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Finalmente, celebró la postura de apertura y diálogo del presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar para escuchar a los manifestantes y abrir una mesa de diálogo con quienes demandan la revisión de casos complicados de personas injustamente presas.

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