La deuda pública en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo no sólo es grave sino que corre el riesgo de ser insostenible, alertó el sector patronal.

En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, consideró que se deben aplicar de manera estricta las normas federales y estatales en materia de disciplina financiera.

«La situación del endeudamiento en varias entidades es grave. Considerando el nivel de deuda pública, el servicio financiero de ellos, así como los pasivos a corto plazo, y el que se tiene con proveedores y contratistas, Coparmex considera que particularmente en los estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora debe ponerse atención al nivel de deuda pública, pues no solo es elevada en estas entidades, sino que tienen posibles problemas de sostenibilidad», subrayó.

Exigió que ante el endeudamiento excesivo de algunas entidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, los Congresos Estatales y los órganos locales de fiscalización, cumplan sus responsabilidades.

De Hoyos señaló que es preocupante que las autoridades estén realizando contrarreformas en materia financiera.

En noviembre de 2017, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios para permitir mayor grado de maniobra en el uso de ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales.

Las reformas permitirán a los gobiernos estatales, a partir de 2018, utilizar en gasto corriente hasta 5 por ciento de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, resulta sospechoso que ésta reforma suceda en un año electoral, según el líder empresarial.

«El que esta ‘flexibilización’ ocurra en un año electoral además de ser contrario a la ortodoxia financiera, parece inoportuno y sospechoso, especialmente cuando algunas entidades federativas no hayan demostrado que la deuda desmesurada que contrataron se utilizó en gasto, en inversión productiva, o que han aumentado sus ingresos propios.

«La preocupación es que los gobernadores y presidentes municipales utilicen esta laxitud para desviar a través de sofisticados y en ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales», subrayó.

El presidente de Coparmex advirtió que el endeudamiento a nivel federal ha aumentado notoriamente desde 2008 y el reciente incremento no se ha visto reflejado en mayores y mejores servicios públicos o en reducciones notorias en la pobreza.

«No permitiremos que esta misma historia de endeudamiento federal, sin resultados tangibles, se replique una y otra vez en las entidades federativas.

Exigimos absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos de los estados, a fin de que estos sean destinados eficazmente a la inversión pública, proyectos productivos y a los programas sociales trascendentes por sus resultados, no a gastos impertinentes o superfluos», externó.