• Se sancionará hasta con 11 años de prisión a quien difunda fotografías de cadáveres o víctimas de delito  

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 22 de Julio de 2021.- Con penas de 3 a 6 años de prisión a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presenten, por unanimidad de votos, la Legislatura local aprobó las reformas al Código Penal del Estado de México, conocidas como Ley Ingrid.

La reforma presentada por los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), establece que tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de niñas, mujeres o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta 9 años y llegarán hasta 11 años cuando el delito sea cometido por un servidor público integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.

La legisladora Beatriz García Villegas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestó que con estas reformas se logrará beneficiar y trascenderá sobre la esfera jurídica a favor de las niñas, mujeres y adolescentes mexiquenses, lo que es un esfuerzo colectivo de los diversos grupos parlamentarios.

“No se puede seguir lucrando con la dignidad y la integridad de las víctimas y sus familiares, la revictimización no puede volverse costumbre, y ser solo espectadores de lo que se comparte, se difunde, se expone o se envía en cualquier medio, principalmente a través de páginas amarillistas, redes sociales, audios, documentos, imágenes o videos de cualquier mujer que ha perdido la vida como víctima de un feminicidio o un feminicidio”, expuso.      

Por su parte, la diputada Araceli Casasola Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó que lamentablemente en los últimos años el Estado de México ha experimentado una crisis de inseguridad y de violencia ejercida en contra de las mujeres, tal y como lo muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al ubicar a la entidad en el primer lugar en feminicidios.

“Con estas reformas se busca evitar replicar los hechos ocurridos en febrero del 2020, donde lamentablemente se difundieron en redes sociales fotografías del cuerpo desmembrado de Ingrid Escamilla. Los servidores públicos que atendieron el caso filtraron dichas imágenes e información, lo que orillo a que se lleve a cabo una investigación en su contra, aunque aún siguen las indagatorias y no han dado respuesta de lo que ha pasado con ellos”, añadió.       

Cabe señalar que el dictamen precisa que cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, es decir, se sumarán hasta dos años más a la pena que se imponga.

Además, las reformas servirán como una medida preventiva en contra de este tipo de violencia para que las mujeres recuperen el control de su imagen, sancionar a los servidores que practican estas conductas y garantizar a las mujeres la protección de su dignidad, que debe considerarse un derecho humano.