- Trabaja Legislatura mexiquense en ley estricta para prevenir y combatir la desaparición forzada de personas
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 14 de Mayo de 2019.- “En el 2012 teníamos el registro de 911 desapariciones, para el 2018 estamos hablando de 5 mil 840; es decir, un incremento del 645 por ciento en aproximadamente seis años, lo que es alarmante y nos obliga a dar las respuestas que esta realidad nos impone”, afirmó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México.
Durante la mesa de trabajo con colectivos de familiares de personas desaparecidas para analizar la iniciativa del Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometidas por Particulares para el Estado de México, afirmó que los diputados locales hacen su mejor esfuerzo para concretizar y materializar una iniciativa que en esta Legislatura se presentó con oportunidad.
El también coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó que el propósito es dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional, es obligación de los Congresos locales incorporar en el ámbito de su responsabilidad los esfuerzos para atender este flagelo que es de lesa humanidad: la desaparición forzada, así como la desaparición provocada por particulares a los ciudadanos.
Hernández González resaltó que es claro que con las experiencias vividas, muchas de ellas lamentables y dolorosas, así como la experiencia de los especialistas y el compromiso de quienes tienen que cumplir con esta responsabilidad, ahora orientarán de manera concreta, objetiva y tangible respuestas a los ciudadanos que así lo demandan.
La diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, informó que el convenio entre el gobierno del Estado de México y las autoridades del gobierno federal pasado, en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio Fiscal 2018, (FASP), para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas sólo se etiquetaron 261 mil 120 pesos.
“Además, al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los Centros de Justicia para Mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, y resulta que lo que encontramos en recientes recorridos fue justo esas carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”, añadió.
Labastida Sotelo informó que para este año, de acuerdo con el convenio para el ejercicio fiscal respecto del FASP, se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, son 621 millones 416 mil 440 pesos.
Señaló que esos fondos tendrían que aplicarse para la Integración de brigadas de búsqueda, el desarrollo de bases de datos para identificación, laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo, el fortalecimiento y creación de Comisiones Locales de Búsqueda, entre otras.
Sin embargo, resaltó que el convenio no retrata esas exigencias y no hay nada para la especialización de personal y de instancias responsables de la búsqueda de personas, ni tampoco para el acceso de mujeres a la justicia y combate a la trata de personas, un delito con vinculaciones en el fenómeno de la desaparición.
