La Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de México (COPARMEX), señaló que el aumento de los precios de los combustibles dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes a partir del 1 de enero de 2017, es desproporcionado y atenta directamente contra la economía del consumidor final, ya que el gobierno le traslada toda la carga, no hay voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales, así como una postura de austeridad por parte del Gobierno Federal.

El presidente de la Coparmex en la entidad, Gilberto Javier Sauza Martínez, refirió que en la Confederación siempre ha impulsado la libre competencia y aportando propuestas para la implementación de la Reforma Energética, que establece un mercado abierto donde más jugadores participan, sin embargo, no se encuentran de acuerdo a que esta medida sea solucionada sólo por lo ciudadanos a pie, y no exista sensibilidad por parte del gobierno para mostrar austeridad y absorber esta carga fiscal. “En la determinación de los nuevos precios, nos parece desproporcionado que el gobierno le traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales.”, dijo.

En este sentido, destacó que es importante que los gobiernos  federal, estatal y municipal, no realicen recortes a los programas sociales y que benefician a la población, sino que las medidas de austeridad que realicen sean de acuerdo a la percepción de sus salarios y beneficios económicos que permiten los cargos de autoridad, ya que dijo, esta problemática viene de tener políticos con salarios altos, muchos beneficios y al día de hoy no vemos  ninguna postura de austeridad por parte del gobierno federal ni por parte de los gobiernos locales.

De esta manera, hizo un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del IEPS, para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales; insistió en la revisión de los porcentajes considerados en la fórmula para la determinación de los precios, demandando ajustes a la baja en los impuestos respectivos.