BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

Ayutla

La primera elección por usos y costumbres en Guerrero se llevó a cabo en un marco de concordia y paz el pasado 15 de julio en la histórica ciudad de Ayutla de los Libres que, con este inédito ejercicio de democracia directa, hizo honor a su nombre.
De esta manera, después de un largo litigio que se ventiló durante cuatro años ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal de justicia del país finalmente determinó la viabilidad jurídica del proceso electivo por sistemas normativos propios en el municipio de Ayutla.

Esta batalla legal, con todos los obstáculos que implicó, fue conducido por el joven y brillante abogado comunitario Manuel Vázquez Quintero, quien con el tesón que lo caracteriza logró que la Suprema Corte dictaminara a favor de los usos y costumbres, proceso que culminó exitosamente el pasado domingo 15.
Vázquez Quintero enfrentó una oposición rabiosa tanto de los cacicazgos tradicionales como de los partidos políticos, que buscaron por todos los medios desbarrancar el proyecto de los pueblos originarios.
Empero, no fue el esfuerzo de un solo hombre el que desembocó en la elección, sino el de toda una colectividad en la que cohabitan poblaciones Tu’un savi, Me’ Phaa, comunidades mestizas e incluso un pequeño sector de pueblos negros que radican en la región.

Aunque originalmente el proyecto fue impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero y su Sistema de Seguridad y Justicia (UPOEG-SSJC), con el paso del tiempo se incorporaron organizaciones como el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘Phaa (OPIM), así como comisarios, comisariados ejidales, principales y liderazgos naturales de los pueblos del municipio.

De esta manera, los casi 61 mil habitantes de Ayutla participaron, mediante una representación colectiva elegida previa y cuidadosamente, comunidad por comunidad -en un proceso de consulta que dilató meses-, en esta histórica decisión comunitaria equiparable con la promulgación del Plan de Ayutla de 1854.
Por lo menos así lo tienen considerado los liderazgos indígenas de ese histórico municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero, de donde en aquel tiempo partió la iniciativa popular para luchar contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna.

En lo sucesivo, el nuevo gobierno comunitario de Ayutla estará integrado por un Concejo Municipal Comunitario integrado por 120 hombres y 120 mujeres, representantes paritarios del mismo número de comunidades indígenas, que contarán con cuatro coordinadores que se repartirán las tareas de gobierno.

Cuando mencionamos el concepto paritario nos referimos, claro está, a la equidad de género, ausente en la praxis de las decisiones gubernamentales y de los partidos políticos que, con notoria voracidad, simularon todo el tiempo que cumplían con la cuota de género. En este sentido, los pueblos originarios nos ofrecen una lección viva de la paridad de género a través de la citada elección.

Esta novísima forma de gobierno sustituirá a la tradicional gobernanza del municipio libre establecida en la Carta Magna, con lo cual esa figura legal en realidad resultará fortalecida mediante la participación comunitaria directa en la toma decisiones.
De esta manera, por primera vez desde la fundación del partido de estado en 1929, los pueblos indígenas de Ayutla harán efectivo el principio de la libre autodeterminación de los pueblos.

Estamos, pues, ante una revolución no violenta que busca depositar en el pueblo la gobernanza, el presupuesto y las decisiones que afectan a las mayorías, lo que jamás ocurrió mientras fueron gobernados por los partidos políticos.

Con esa visión, para esas dirigencias indígenas fue un doble triunfo la jornada cívica del pasado domingo 15: se sacudieron para siempre a los nefastos partidos políticos que causaron graves perjuicios al tejido social -al que dividieron y empobrecieron aún más- al mismo tiempo que establecieron una cabeza de playa que será tomado como un precedente histórico y legal así como un modelo a seguir por otras comunidades indígenas.

Es decir, en lo sucesivo harán lo propio otros municipios como San Luis Acatlán -donde en 2011 hubo un primer intento fallido para impulsar la elección por usos y costumbres-, Malinaltepec, Acatepec y Tecoanapa, cuyas comunidades están más que interesadas en tomar en sus manos su propio destino, en lugar de que sigan decidiendo por ellos los caciques, los intermediarios y los partidos políticos.

El ejemplo lo observaron también otras comunidades tan alejadas y dispersas como Temalacatzingo, sede de la Coordinación Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que agrupa en su seno a decenas de comunidades que promueven proyectos similares de autonomía indígena.

Así pues, pronto veremos cómo prolifera esta iniciativa entre varios de los municipios de fuerte composición indígena que buscarán instaurar un modelo semejante en sus territorios para hacer efectivo el libre derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, fenómeno histórico que ya tiene precedentes firmes en estados como Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

En el futuro inmediato veremos cómo reacciona el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante un movimiento de tal naturaleza y cuál sería su relación con los gobiernos comunitarios que acatan un mandato popular.

Si las cosas siguen por este derrotero, el futuro de algunos partidos políticos está más que definido, en particular por el rechazo y el hartazgo expresado en las urnas el primero de julio anterior.

Esos partidos políticos están representados en el infame Pacto por México que, más bien, fue un atraco de las élites políticas para repartirse la riqueza de la nación. Todos ellos tendrán que responder ante la historia.

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