Por: Antonio Huerta Gutiérrez

Muchos deberían dar gracias a Dios por el principio jurídico de que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva. La aprobación en la Legislatura mexiquense de la sanción de hasta 20 años de prisión a taladores que utilicen niños, así como a servidores públicos de cualquier nivel que cambien el uso del suelo para favorecer la deforestación es, sin lugar a dudas, un avance jurídico relevante. ¿Se imagina usted cuántos tendrían que ir a prisión si se pudiera aplicar el nuevo ordenamiento a todos los secretarios, presidentes municipales y responsables de obras que en el pasado reciente autorizaron conjuntos residenciales en zonas forestales? Tranquilos, pueden seguir en la impunidad.