En el Estado de México la violencia política se castigará como un delito que va desde seis meses, hasta dos años de prisión, con multas de 50 a 300 días a quienes de manera arbitraria imposibiliten a una mujer los cargos de elección popular, su desempeño íntegro y la obligación de tareas contra de su voluntad.

Según fuentes oficiales, habrá sanciones más altas para los servidores públicos que incurran en hostigamiento y acoso sexual, quienes, además de la pena por dos años en prisión, serán destituidos del cargo y se les inhabilitará para que ocupen otro cargo en el sector público hasta por tres años.

De igual manera, la Fiscalía General de Justicia, y la Comisión Estatal de Seguridad actuarán con perspectiva de género y actualizar de manera constante la información sobre casos de violencia contra mujeres, tipificando por zonas geográficas con mayores índices delictivos.

Mencionan, que en el tema de violencia política, instituciones como el IEEM, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, el Poder Judicial, y los gobiernos estatal y municipal, están obligados a dirigir las funciones correspondientes para garantizar la seguridad y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia política.

Asimismo, perseguirán al pie los ilícitos de género retirando el plazo de 10 días que tenía la víctima para retirar la denuncia. Enfatizando en que el ministerio público deberá iniciar la carpeta de investigación correspondiente de inmediato se presenten casos de delitos de violencia de género y asegurar medidas de protección para las víctimas.