• El titular de la Comisión de Derechos Humanos a favor de la participación de capital privado en la construcción de nuevos penales

Grupo Puntual / Carlos Moreno Carreto

TOLUCA, México, 30 de Mayo de 2019.- “No se requiere llorar o lamentarse” para resolver los problemas de sobrepoblación, hacinamiento y cogobierno que persisten en los 23 penales del Estado de México, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad, Jorge Olvera García.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que existe hacinamiento, sobrepoblación  y cogobernó en los 23 penales del Estado de México, pero no es un asunto de ayer o hace unas semanas, es un problema de décadas”, aclaró.

Olvera García advirtió que más allá de lágrimas o lamentaciones se necesita inversión, nueva infraestructura y esquemas modernos de administración de los centros de prevención y reinserción social.

“El sistema penitenciario sin rejas de 1966, de Almoloya de Juárez, solo duró 20 años y desapareció, porque no hubo capacitación, no hubo integración ni renovación de cuadros, y ahora no se requiere llorar o lamentarse, se requiere buscar soluciones”, dijo.

“Nos hemos pronunciado en favor de la construcción de penales, pero no para que se llenen, sino para reinsertar verdaderamente a aquellos que han infringido la ley”, precisó.

Se dijo a favor de la participación de capital privado en la construcción y operación de nuevos centros penitenciarios, mecanismo que ahorrará que el gobierno estatal gaste en ese objetivo.

“Esta participación privada ya existe, porque es la que provee de insumos, gas, agua, y con eso el gobierno no perderá su autoridad en la reinserción, pero hay que reconocer que el Estado no tiene recursos para crear más penales”, indicó.

Por otro lado, Olvera García señaló que falta mucho en materia de cultura sobre derechos humanos, y señaló que “sólo 5 por ciento de la población sabe qué son los derechos humanos”.

Estableció que la mayoría de las quejas en esta materia que tiene registradas la Comisión Estatal son en contra de ayuntamientos, con más de 9 mil, seguidos de la Fiscalía General de Justicia, los cuerpos policíacos y el Poder Judicial de la entidad.