Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 21 de Marzo de 2019.- De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en el Estado de México, en el período comprendido de 2012 a enero del 2019, los casos de personas no localizadas ascendieron a 24 mil 217, de los que 5 mil 868 aún están pendientes de ubicar.
Informó la diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al presentar la iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México, para impulsar la armonización legislativa y sistematizar las normas relacionadas con la materia en un solo cuerpo.
“Los casos reportados de desaparición cada año han ido en aumento. Así, de 911 casos denunciados en el año 2012 se pasó a 6 mil 471 en el año 2018. Lo que habla de un repunte superior al 710 por ciento en los últimos siete años”, añadió.
Labastida Sotelo indicó que a nivel nacional, de acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, se estima existen 40 mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, lo que resume la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos en el país.
“Es difícil saber la magnitud del problema debido a las escasas denuncias, investigaciones y registros oficiales fiables en la materia. Por ejemplo, tratándose de las fosas clandestinas, en el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó la localización de al menos 18 fosas en nuestro territorio, de donde se exhumaron 76 cuerpos, sin que existiera un registro oficial de ello”, resaltó.
Finalmente, señaló que la iniciativa tiene como principal objeto dar aplicabilidad real a las disposiciones de la Ley General en la materia, estableciendo la forma de coordinación entre el Estado y sus municipios, para que en el ámbito de su competencia busque a las personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar y erradicar los delitos de su competencia en la materia.