Crisis de seguridad pone en riesgo gobernabilidad

  • Se realiza una amplia consulta para escuchar distintas voces que enriquezcan la actualización de la Constitución

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 21 de Marzo de 2021.- Ante el pendiente en materia de seguridad en el Estado de México, es indispensable que los tres poderes públicos, así como las instituciones de procuración y administración de justicia combatan la impunidad con acciones que garanticen la gobernabilidad, sostuvo Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México.

Al destacar la importancia de los Diálogos con juzgadoras y juzgadores, en la que penalistas podrán compartir sus puntos de vista sobre cómo se conduce la sociedad y las conductas delictivas en cada región con el fin de reflejarlas en la nueva Constitución y en la legislación estatal, propuso solicitar al gobierno estatal iniciar los Diálogos con la administración pública, para que integrantes del gabinete compartan las áreas de oportunidad en la entidad desde el punto de vista legal y constitucional.

“También se deben realizar mesas de trabajo con medios de comunicación y organizaciones políticas y sociales, así como recopilar las demandas expresadas en las manifestaciones sociales. Así como incorporar la propuesta de Pablo Espinosa Márquez, representante del Poder Judicial, para desarrollar los Diálogos con barras de abogadas y abogados para escuchar sus propuestas sobre la reforma constitucional y legal”, expuso.

Mientras que Rubén Islas Ramos, secretario técnico del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, señaló que la Comisión de Derechos del Estado de México (Codhem) aportará sobre las modificaciones que requeriría la Constitución estatal a la luz de los tratados y sentencias internacionales de derechos que no estén en las constituciones federal y local, así como qué derechos se tendrían que desglosar solo en la entidad.

“Las instituciones educativas realizarán propuestas respecto a cómo perciben la Ley Superior de Educación, a cómo integrar los derechos de cuarta generación y cuál sería la alternativa de redacción del artículo 5 constitucional, en tanto que a los partidos políticos se les solicitará su perspectiva sobre los derechos humanos que deben fortalecerse o incluirse en la nueva Constitución estatal”, expuso.

Finalmente, dijo, estos aportes se sumarán al trabajo plural que se realiza para la recopilación de diferentes propuestas para fortalecer el Parlamento Abierto, el cual lleva mil registros de integrantes de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones religiosas y público en general, pues el cierre de inscripción es el 31 de marzo y 7 de abril celebrará su primera sesión plenaria.

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