• Reiterada falta de rectitud en adjudicación y celebración de contratos del sector público se convirtió en hábito que tolera corrupción

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 21 de Enero de 2020.- El diputado Margarito González Morales, integrante  del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que para impedir las contrataciones discrecionales y abonar al perfeccionamiento de los mecanismos de combate a la corrupción, es necesario que las entidades que ejerzan recursos públicos garanticen un 51 por ciento de licitaciones públicas, ya sea en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o servicios.

Indicó que es necesario que las entidades, el contratante y la contratista informen sobre las licitaciones públicas al Comité Coordinador del Sistema Estatal o Municipal Anticorrupción, a efecto de que éste emita sus recomendaciones.

“Es necesario asegurar que la licitación pública sea el procedimiento que prevalezca en las contrataciones y con ello dar cumplimiento al texto constitucional, al establecer que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, los ayuntamientos, los organismos autónomos y demás entidades que ejerzan recursos públicos garanticen contrataciones transparentes en condiciones de competitividad”, añadió.

González Morales indicó que la reiterada falta de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público se ha convertido en un hábito que tolera la corrupción de la administración pública, lo cual ha permitido que actos de corrupción, como los exhibidos en el trabajo periodístico “La Estafa Maestra”, se hayan realizado con impunidad.

Mencionó que en el Estado de México se cuenta con el sistema electrónico en materia de contratación pública denominado Compramex, para trasparentar las contrataciones públicas, aunque la complejidad de la plataforma no permite una consulta ágil y accesible que abone a la transparencia y rendición de cuentas.

“Una situación similar ocurre con el Portal de Transparencia o SAIMEX, que en la mayoría de los casos emite una respuesta negativa y refiere que no está obligado al procesamiento de la información, remitiendo a las páginas donde se encuentran datos imprecisos, situación que obstaculiza el derecho de acceso a la información pública”, concluyó.