Demandan a Raciel Pérez por nepotismo y corrupción

  • Confirma el titular de la Contraloría del Poder Legislativo que hay en marcha tres denuncias contra el presidente municipal de Tlalnepantla

Grupo Puntual / Martha Romero / José Contreras

TOLUCA, México, 5 de Junio de 2019.- En lo que va de la actual administración municipal, en la Contraloría del Poder Legislativo se han presentado un total de 30 denuncias por nepotismo, de las cuales tres corresponden al Ayuntamiento de Tlalnepantla, y de ellas, dos en contra del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con la información proporcionada por Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, la primera de las dos denuncias en contra del presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, es porque el denunciante presume un acto de nepotismo al haber nombrado a su hermana, Rocío Pérez Cruz, como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Estamos en la investigación, podrá demostrarse en la investigación que efectivamente esta persona es hermana. Podrá demostrarse también o no, si cobra, si hace un trabajo de manera honorifica, como lo hacen las presidentas del DIF en el estado, ese será el punto”, precisó.

El Contralor del Congreso local indicó que si se comprueba que la presidenta del DIF Tlalnepantla es hermana del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, y ella cobra por la labor que desempeña, como lo asegura el denunciante, “es un acto de nepotismo”.

Sin embargo, aclaró que se ha aceptado que puedan estar en este tipo de cargos familiares de los presidentes municipales, siempre y cuando el cargo sea honorifico, como pasa a nivel del gobierno estatal, que la presidenta honoraria del DIFEM no reciben ningún tipo de remuneración.

Indicó que la segunda denuncia interpuesta en contra del alcalde de Tlalnepantla es porque hay presuntos actos de corrupción, pues de acuerdo al denunciante hicieron mal los registros para los Consejos de Participación Ciudadana; es decir, que se le dio prioridad a ciertas planillas integradas por presuntos afines al alcalde Pérez Cruz.

Barrios Dávalos indicó que una tercera denuncia fue presentada en contra de la Primera Síndico Municipal de Tlalnepantla, Lourdes Jezabel Delgado Flores, porque dictó una resolución de manera ilegal en un juicio arbitral y no admitió ningún recurso legal, cuando es una de sus obligaciones admitir los recursos que tengan en contra de los laudos o de algo que haya sido citado por otra autoridad.

“Esos son los casos, están en la etapa de investigación, porque, por ejemplo, hay quien interpone algún recurso porque no está de acuerdo en que se le cite, no quieren entregar la información y hay casos extremos donde se han ido al amparo, y aunque la Contraloría no tiene facultades para ello, cuando se han amparado se ha demostrado que tiene las debidas facultades en la ley”, señaló.

Finalmente, invitó a la ciudadanía de Tlalnepantla, y del Estado de México en general, a denunciar las anomalías que existan, pues en este año se ha incrementado sustancialmente las quejas en contra de los representantes populares.

En puerta otra denuncia

 

En ese sentido, comerciantes semifijos que operaban en la zona centro de Tlalnepantla de Baz, quienes fueron desalojados por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, para posteriormente entregar esos espacios a otra organización político social vinculada con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quienes sí permite la venta, anunciaron este miércoles que acudirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a interponer demanda en contra del alcalde, pues consideran este hecho como una maniobra de carácter política, “que tiene que ver con el pago de favores a quienes lo apoyaron en campaña”.

Los presuntos afectados recurrirán también a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México para presentar denuncia en contra del presidente municipal de Tlalnepantla por presunto abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, toda vez que aseguran que cobra a los nuevos comerciantes ambulantes adheridos al Movimiento de Regeneración Nacional a quienes cedió los espacios comerciales en disputa.

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