La recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de traspasar los recursos de la subcuenta de vivienda que maneja el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no es nueva y sólo apunta a beneficiar más a las administradoras privadas, aseveró Berenice Ramírez, directora académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y especialista en pensiones.

La especialista puntualizó que en el mundo se está demostrando el agotamiento de dichos instrumentos, pero aún así “las recomendaciones de los organismos internacionales (como el FMI) demuestran que siguen insistiendo en el mismo esquema teórico-metodológico beneficiando la financialización y al sector privado. No hay análisis sobre la rotación de los trabajadores mexicanos en el empleo, en los mercados laborales y en sus niveles de ingresos ni un adecuado diagnóstico sobre los resultados negativos que se registran en la capitalización individual de la administración privada de las pensiones”

La semana pasada el FMI recomendó al gobierno de México realizar una nueva reforma al sistema de pensiones para que este incluya una mezcla de beneficios definidos con aportaciones definidas en las que se agreguen los recursos que los trabajadores tienen actualmente en el Infonavit a fin de que sean administradas por entidades privadas, tal como ocurre desde 1997 con las administradoras de fondos para el retiro (afores).

El FMI advirtió que el envejecimiento de la población ejercerá una presión adicional en el largo plazo así que insistió en que cambiar el sistema de beneficios definidos (como el que todavía rige para los jubilados del IMSS y del Issste) por uno de contribuciones definidas (el creado con las afores) reducirá las obligaciones fiscales en el largo plazo.

Indicó que las bajas tasas de remplazo que se prevé reciban los trabajadores que se jubilen con las afores se deben al mismo modelo adoptado y no servirá de nada que para solucionarlo se pretenda incrementar las aportaciones de los trabajadores como ocurre en Chile, donde frente a las protestas de los jubilados se plantea subirlas de 10 a 15 por ciento respecto al salario, un monto mucho mayor al 6.5 por ciento que se registra actualmente en México.