En 2006, luego de que seis agentes federales realizaran un operativo en el mercado de Mexquititlán, Querétaro en contra de productos pirata, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas acusadas de privación de la libertad y condenadas a 21 años de prisión, a pesar de no haber pruebas en su contra.

Para 2009 y 2010, las indígenas fueron liberadas, luego de que el caso llegara a la Suprema Corte y se comprobaran irregularidades en el proceso, por lo que pidieron una disculpa pública por parte de la PGR, misma que fue ordenada en junio de 2016 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien además determinó que se deberá indemnizar y reconocer la inocencia de las afectadas, por lo que el próximo 21 de febrero la dependencia federal asumirá su error.