- Se reportan pagos por 12 mil 770 millones de pesos en actos de corrupción
Grupo Puntual / Carlos Moreno Carreto
TOLUCA, México, 24 de Mayo de 2020.- Tras el incremento en el número de víctimas y actos de corrupción, durante el primer año de la Administración Federal en curso, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se hace indispensable retomar las acciones en materia de digitalización y sistematización de trámites de los tres órdenes de Gobierno, cerrando de esta manera la puerta a que se realicen interpretaciones y actos discrecionales que resulten en la comisión de delitos y solicitud de dádivas por parte de funcionarios.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), explicó que el Gobierno Federal se ha negado constantemente a invertir en tecnología en materia de tramitología, y esto se ve reflejado en que, solo durante el último año, se reportaron pagos por corrupción de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Indicó que son tres las acciones que se proponen para disminuir esta pérdida y blindar al ciudadano de a pie de ser víctima de estos delitos, los cuales, en la mayor parte de los casos, se cometen en ventanillas atendidas por un funcionario de bajo nivel y preparación.
Primero, automatizar los procedimientos sin necesidad de que haya algún criterio en la toma de decisiones de los funcionarios; segundo, la sistematización al recibir la documentación y entrega de autorizaciones; tercero, la digitalización de actividades a través de líneas virtuales.
“Si bien, la percepción de corrupción ha disminuido en número, o mejor dicho, en referencia con la sociedad lo han hecho porque el Gobierno Federal ha dedicado el tiempo a atacar, lo que ellos entienden como temas de corrupción, a través de funcionarios públicos de alto nivel, pero me parece que se han olvidado que la corrupción que más daña el día a día de la sociedad, es la que vivimos todos los ciudadanos al enfrentarnos a un trámite, a una solicitud o hasta a algún requerimiento”.
Precisó que el funcionario de ventanilla es la primera respuesta hacia el ciudadano y hoy tienen poder y autonomía en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno, cuando solamente deberían tener recepción y sello de documentos para poder avanzar en los trámites. De acuerdo con el reporte del INEGI, el mayor porcentaje de los casos en experiencias de corrupción (59.2%), se llevó a cabo en el contacto con autoridades de seguridad; seguido, con un 25%, de los trámites en relación a los permisos de uso de suelo, construcción, demolición, solicitud de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad.
Sauza Martínez, indicó que aun cuando la percepción de la corrupción ha bajado en las altas esferas de Gobierno, los ciudadanos siguen experimentando extorsiones, por lo que uno de los puntos fundamentales para disminuirlas, es el compromiso de cada persona para exigir un cambio y saber ante quién hacerlo.
“Hoy me parece que el ciudadano tiene que crecer, culturalmente hablando, en tema de educación por dos vertientes, necesitamos solicitarle a la autoridad correspondiente que resuelva lo que le atañe y eso no se logra si el ciudadano no está enterado y educado para saber qué le toca a cada quién”.
Finalmente, reconoció el trabajo que hoy realizan los organismos públicos autónomos, como el INEGI, que permiten visualizar las fallas y aciertos que se tienen, y delinear estrategias para generar cambios.