- Autoridades no investigan de manera eficiente desaparición de mujeres y feminicidios
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 26 de Septiembre de 2021.- Tras determinar que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) son deficientes, Amnistía Internacional advirtió que esto constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar con la debida diligencia, viola los derechos de acceso a la justicia, a la protección judicial, así como a obtener una reparación justa y eficaz de las familias.
A través del informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, señala que con casi 17 millones de habitantes, es una de las entidades más grandes y urbanizados del país, con un porcentaje importante de habitantes en zonas rurales, además de ser el segundo estado con mayor percepción de inseguridad pública y tiene el índice de impunidad más alto.
Menciona que las deficiencias identificadas es que en las investigaciones las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos, es decir, las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan, o no realizan a tiempo, algunas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.
Agrega que otras de las deficiencias es que las autoridades no investigan de forma suficiente porque no siempre examinan las posibles líneas de investigación en cada caso y no realizan las diligencias necesarias para agotar una línea de investigación, además de que la perspectiva de género no se aplica correctamente y las diligencias no se realizan desde una perspectiva de género como establecen los distintos protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.
Lo anterior, resalta, se documento con los casos de tres víctimas de feminicidios precedidos de desaparición y un caso de desaparición en la zona oriente de la entidad y fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004, Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y todavía con paradero desconocido, Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
Adicionalmente, documento que las familias de las víctimas son revictimizadas por las autoridades en el proceso de búsqueda de justicia, lo que constituye violencia institucional, por lo que buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente, además de que es peligroso porque algunas familias son amenazadas por los responsables del feminicidio y aunque piden protección, esta es insuficiente.
Ante las deficiencias detectadas, Amnistía Internacional recomendó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) garantizar que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.
Mientras que al Congreso del Estado de México le encomendó asignar presupuestos apropiados y suficientes para las funciones encomendadas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y solicitar formalmente la comparecencia del Fiscal General de Justicia mexiquense para exigir la rendición de cuentas y la información sobre la calidad de las investigaciones sobre los feminicidios y desapariciones.
Asimismo, exhortó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en el informe.
Finalmente, a todas las autoridades a nivel estatal y nacional les encomendó, entre otras, garantizar que las personas operadoras de justicia, incluyendo las pertenecientes a las entidades federativas y en especial las agentes de policía y defensorías públicas, reciban salarios y condiciones de trabajo dignas y las prestaciones sociales correspondientes por el trabajo que desempeñan, así como se dignifique su labor.
