Dr. Eduardo López Betancourt
De manera totalmente inadecuada, parece que los mexicanos empezamos a acostumbrarnos a que los gobernantes, al finalizar su tiempo en el poder, pasan a convertirse en presuntos delincuentes. Una situación que además de antijurídica, es absolutamente inmoral.
En la actualidad, varios ex gobernadores se encuentran presos, por actos ilegales respecto a los cuales la opinión pública ha expresado su repudio.. El ejemplo más patético es Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó Veracruz, y fue detenido en plena huida hace semanas, en el vecino país de Guatemala. La primera agravante en su caso fue el hecho de que intentara escapar de la acción de la justicia. Su detención fue un breve alivio, pero lo imprescindible es que el individuo realmente sea sujeto a proceso y sentenciado. Hay desconfianza e inquietud de que una vez en México, llegue a obtener la libertad mediante argucias o peor aún, quede impune por descuidos de parte del Órgano encargado de acreditar con pruebas su responsabilidad penal.
Cuando un ciudadano comete un delito, es evidente que la colectividad va a reaccionar y reclamar la sanción respectiva. Por una cuestión de proporcionalidad, en el caso de quienes son o fueron servidores públicos, la reacción debe ser ejemplar. Siempre dentro del marco de las sanciones que prevea la ley, pero con rotunda energía, sin que dude el ánimo del juzgador. La cuestión es que en esas situaciones, se debe evitar la impunidad a toda costa. Quien al amparo de un cargo público, se apodera en perjuicio del pueblo, de caudales que se le han entregado para la promoción del bien común, es indudable que su conducta resulta mucho más reprobable, que la de un ciudadano que delinque, pero no tiene acceso al patrimonio de la nación. Así las cosas, la peligrosidad de los ex gobernantes es mucho mayor, y de encontrarse su culpabilidad, no ha de tenerse la más mínima consideración.
La sociedad mexicana está cansada de esta casta de sujetos impresentables, que han lucrado con la economía del país. Han amasado fortunas descomunales, se han apropiado de los recursos en lugar de hacer obra pública, al final han dañado terriblemente a la población. La acción de la justicia debe ser severa e intachable para lograr ejemplaridad. Esta es una oportunidad histórica para dejar un precedente, y establecer que en el futuro no se permitirán estos abusos, y todo gobernante deberá ser, por encima de todo, un hombre probo, digno en el cumplimiento del deber. Günther Jakobs, destacado penalista alemán, ha planteado una tesis a la que debe darse el correcto valor práctico. En su pensamiento, es necesario fijar las bases de un derecho penal especial, que tenga características adecuadas para prevenir y sancionar las conductas de los malos gobernantes, que se convierten en auténticos enemigos de la sociedad. Ese derecho penal del enemigo, no solo debe
orientarse para el perverso y monstruoso asesino, sino también en la misma dimensión, para quienes en su carácter de gobernantes han ocasionado daños irreparables al país.
Insistiendo en el caso de Duarte de Veracruz, debemos estar atentos y vigilar que se le sancione con ejemplaridad. Más allá de la cárcel, que no debe eludir, lo fundamental será el decomiso, la reintegración al pueblo de toda la riqueza mal habida que este hombre acumuló.
La preocupación, reiteramos, es la impunidad. Apenas se dio a conocer en el caso concreto, que Duarte iba a ser extraditado al país, se le vio en las noticias, ufano, con una torva y cínica sonrisa, que refleja esa confianza del corrupto que cree que así como hasta ahora ha podido comprar voluntades a diestra y siniestra, así logrará ser pronto liberado.
Eso es algo que bajo ningún concepto podrá permitirse: la liberación de este individuo o una sanción de poca monta. Este fallo de la justicia, representaría una gran decepción para el pueblo, e incluso nos llevaría al riesgo de un justificado estallido social.
Una vez que se sancione a los corruptos, es indispensable que en el porvenir, los políticos mexicanos recuperen la confianza ciudadana. Ahora, es clarísimo que lo que tienen es un gran desprestigio, por los pésimos gobernantes sufridos. Sólo se saldrá de esa situación, cuando casos como el de Duarte se persigan y sancionen, sin admitir componendas ni arreglos en lo oscurito. Por esto se requiere ese castigo para el obeso jarocho, que con su deleznable conducta causó gran dolor al pueblo. Es indispensable el resarcimiento, que devuelva los bienes mal habidos, y conseguir eso ha de ser un objetivo primordial de la procuraduría del gobierno de la República..
La esperanza no debe perderse y estamos deseosos de que esa sonrisa burlona que mostró, se convierta en un gesto de angustia y vergüenza. Se requiere también que no solo se sancione a Duarte, sino junto con él, a su legión de cómplices, entre los que obligadamente están sus familiares, colaboradores y socios de distinta naturaleza.
Para el futuro, todo México deberá aprender una lección. Además de las dotes políticas, la moral, las buenas costumbres, y sobre todo la calidad humana deben ser las principales razones de un gobierno honesto.
En el caso de este atroz sujeto, insistimos, se presenta una oportunidad de sentar un precedente de justicia que no debe desaprovecharse. Deseamos que se logre el objetivo de mayor relevancia, con la acción inquebrantable de la justicia mexicana, que hoy por hoy para desgracia del país está en tela de juicio.
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