- En Edomex, 1.1 millones de hectáreas de cultivos son de propiedad social
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 5 de Noviembre de 2020.- Con el fin de que se atiendan y den seguimiento a las solicitudes de incorporación al Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, de los núcleos agrarios mexiquenses que lo han solicitado para garantizar la seguridad y certeza jurídica de los comuneros y ejidatarios mexiquenses en la tenencia de sus tierras, la diputada Iveth Bernal Casique, integrante de la bancada del Diputado Revolucionario Institucional (PRI) presentó un exhorto dirigido a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.
Indicó que, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, la propiedad ejidal y comunal en México actualmente se distribuye en 32 mil 121 ejidos y 4 millones 939 mil 574 sujetos agrarios, mientras que en el Estado de México, de las 2.25 millones de hectáreas que componen el territorio estatal, casi 1.1 millones corresponden a la propiedad social, la cual se distribuye en mil 235 ejidos y comunidades.
«Esta cifra ubica a la entidad en el décimo primer lugar a nivel nacional por número de núcleos agrarios, así como en el décimo cuarto lugar por el porcentaje de superficie social en relación con el territorio estatal. La trascendencia de la propiedad social no sólo radica en su extensión, en sus suelos se ubican la mayor parte de los montes, áreas forestales, manglares, costas, agua, minas y atractivos naturales», abundó.
Sin embargo, dijo, a pesar de su relevancia para el desarrollo nacional, los ejidos y comunidades agrarias no han tenido la atención esperada y actualmente la mayoría de los ejidatarios y comuneros se ubican entre la población más vulnerable y con menores ingresos, lo que en muchos casos les ha generado pobreza y el abandono de sus tierras, aunado a que también es común observar otro tipo de conflictos que se generan en torno a la tenencia de la propiedad social.
«Un ejemplo de la problemática señalada, es el caso del Ejido Piedra Grande, ubicado en el municipio de Luvianos, que con la finalidad de ser delimitado y certificado, se inscribió en su momento al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). Su objetivo original, era obtener documentación oficial que describiera de forma precisa y delimitada, la tenencia individual de la tierra», explicó.
Agregó que no obstante y debido a circunstancias administrativas ajenas a los ejidatarios, les fueron entregados Certificados de Derechos Sobre Tierras de Uso Común, y a pesar de que se trató de documentos que no definían de manera precisa, clara e individualizada, la ubicación y totalidad de las superficies de cada ejidatario, decidieron aceptarlos, bajo el acuerdo de que con posterioridad las autoridades agrarias se comprometerían a delimitar de forma individualizada sus parcelas.
Finalmente, indicó que a pesar de los distintos esfuerzos que se han realizado, no ha sido posible obtener una respuesta favorable a la solicitud y obtener la expedición de los documentos que definan de manera clara y precisa lo que le pertenece de manera individual a cada ejidatario.