Exigen reglas claras en programas sociales

  • Observan 521 irregularidades en el programa Salario Rosa por 1 mil 713 millones de pesos

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 27 de Julio de 2021.- Con el propósito de garantizar la evaluación integral y permanente de las políticas públicas, programas y acciones en materia de desarrollo social, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de México.

“La presente iniciativa pretende la mejora continua en los programas sociales, mediante la obligación de dependencias, instancias, organismos y municipios para atender previamente el ejercicio subsecuente que originó las observaciones y recomendaciones emitidas, para que en los ejercicios subsecuentes no cometan los mismos errores y se tenga un impacto positivo de los recursos utilizados en la política social de la entidad”, añadió.

Indicó que el Informe de Resultados para el Ejercicio Fiscal de 2019, arrojo 521 observaciones por un monto total de 14 mil 713 millones de pesos, donde la Secretaría de Desarrollo Social, en los programas sociales tuvo aclaraciones, pliegos de observaciones, así como promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, relacionados con el Salario Rosa.

Álvarez Nemer agregó que los 15 programas sociales auditados al gobierno estatal, recibieron del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) un dictamen con opinión negativa, porque los beneficiarios no corresponden a las zonas de atención prioritaria, la duplicidad de beneficiarios, la poca certeza de que los apoyos económicos se hayan destinado a la población objetivo y padrones de beneficiarios poco confiables.

Resaltó que la traducción es que no se están atendiendo las legislaciones federal y local en el diseño y ejecución de la política social, además de que se tiene que tener en cuenta que la rendición de cuentas y fiscalización en la entidad, obedece a un gran número de ordenamientos aplicables en forma supletoria a falta de disposición expresa.

La legisladora mencionó que una de las herramientas principales de cualquier gobierno para combatir la pobreza, es la política social y su consecuente materialización en sus programas, sin embargo, para que realmente tengan un impacto positivo en la reducción de los índices de pobreza y desigualdad, deben estar diseñados con reglas claras, ser ejecutados de manera transparente y ser fiscalizados para que se cumpla con el objeto.

“Uno de los grandes beneficios que conllevan los procesos de fiscalización y control de los programas sociales, es que pueden generar mejoras continuas y esta iniciativa tiene como propósito generar que los programas sociales de cualquier instancia del Gobierno del Estado de México, puedan garantizar un ejercicio claro, transparente y efectivo de los recursos públicos utilizados para reducir los índices de pobreza o vulnerabilidad”, concluyó.

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