Antonio Neri
PUNTUAL JALISCO
Guadalajara, Jal.- El juez segundo penal oral del Poder Judicial del Estado, Juan José Rodríguez Velarde, dejó plantados al agente del Ministerio Público, detenidos y a sus abogados sin dar ninguna explicación.
Esto ocurrió en la audiencia programada a las 13 horas del lunes en la sala 14 del primer distrito de Puente Grande ya que no la desahogó no dando alguna explicación en la carpeta administrativa 3919/2018.
Dicho proceso corresponde al de fraude específico donde los imputados son los sonorenses Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y su esposa Alejandra Torrecillas, solicitaron la revisión de medidas cautelares.
Su abogado defensor Oscar Carriedo Tamayo, explicó:
“Estaban el MP, estaban el asesor jurídico, la parte ofendida y obviamente nosotros y después de una espera de cuarenta minutos nada más nos dice el policía: salganse por favor porque no se van a llevar a cabo audiencia alguna; su obligación del juez era cuando menos informarnos del por qué se iba a suspender”.
Por lo tanto; el juzgador faltó al artículo 134 del código nacional de procedimientos penales fracciones primera, segunda y cuarta, que establece que debe resolver los asuntos con debida diligencia, respetar y garantizar los derechos de los que intervienen en el caso además de atender debida y oportunamente las peticiones de las partes.
Además los abogados de los sonorenses presentaron una denuncia ante el juez segundo penal oral, Juan José Rodríguez Velarde, en donde se incluye la animadversión.
Con esto el juzgador está obligado a excusarse del caso al considerar que no respetó los derechos humanos ni el proceso de los imputados Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y Alejandra Torrecillas, originarios de Hermosillo.
Así lo indicó el abogado defensor Oscar Carriedo Tamayo explicó:
“Nosotros seguimos luchando para que nuestros defendidos puedan llevar su proceso en libertad que es un derecho constitucional que ellos tienen el cual se los ha negado el juez Rodríguez Velarde, de forma arbitraria y ya tenemos todos los elementos, de hecho veníamos preparados el día de hoy, estábamos seguros de que íbamos a convencer al juez de podría llevar el proceso en libertad”.
El administrador del centro penal está obligado a turnar este caso a otro juzgador para que siga con la tercera etapa del juicio.