Un fiscal impulsó el martes una investigación contra el presidente argentino Mauricio Macri y dos de sus ministros por la firma de un controvertido decreto que permite que familiares de funcionarios públicos ingresen al blanqueo de capitales, lo que había prohibido una ley.
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas de prueba por la presunta comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, quienes estamparon recientemente su firma en el polémico decreto.
La investigación judicial está en una etapa inicial, sujeta a las decisiones que tome el juez para avanzar en la pesquisa.
El decreto fue muy cuestionado por la oposición, algunos de cuyos miembros afirmaron que el cambio obedeció a una decisión del presidente de beneficiar a su padre, el adinerado empresario Franco Macri.
Por el plan de sinceramiento los argentinos han declarado en los últimos meses más de 20 mil millones de dólares en efectivo, bienes y fondos en cuentas. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hay ciudadanos que no han declarado unos 200 mil millones de dólares.
El blanqueo de capitales fue lanzado durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015) y prorrogado por Macri, su sucesor.