- El brote de COVID-19 en cárceles mexiquenses hace urgente la aprobación de la Ley de Amnistía
Grupo Puntual / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 24 de Mayo de 2020.- “Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nos queda claro que para tener una estrategia integral exitosa en materia de seguridad y justicia, el diseño de políticas públicas debe estar dirigido a reducir la aplicación de penas que ameriten prisión, racionalizar las políticas de justicia penal y ampliar una serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia para evitar el internamiento”, aclaró el diputado local Gerardo Ulloa Pérez.
Al explicar la iniciativa de Ley de Amnistía que su bancada presentó ante la Diputación Permanente para impulsar la despresurización del sistema carcelario mexiquense, Ulloa Pérez puntualizó que “además de expedir una Ley de Amnistía, deben impulsarse reformas legislativas en tipos penales que violan o vulneran derechos humanos; tipos penales que han ocasionado uso excesivo de encarcelamiento y figuras que han afectado particularmente a personas en situación de pobreza o a grupos vulnerables.
“No se puede hablar de una verdadera reinserción social cuando hay poco más de treinta mil personas privadas de su libertad en veintidós penales estatales, cuya capacidad está dispuesta para trece mil reos. Por ello, surge la necesidad de una despresurización de estos centros, basada en figuras como la amnistía y no en construcción de más penales”, advirtió.
Precisó que el hacinamiento, las condiciones insalubres, la falta de servicios, la inadecuada aplicación de las políticas de readaptación social y la insuficiencia en la plantilla de personal de seguridad y custodia, han motivado en reiteradas ocasiones recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y que en la mayoría de los casos no han sido atendidas.
“Los sistemas penitenciarios basados en edificar más cárceles han demostrado su ineficacia a lo largo de la historia de nuestro país y entidad, porque además de ser muy costosos tanto en construcción, mantenimiento y sostenimiento de las personas internas, aportan muy poco al combate al crimen debido a que las cárceles mexicanas son extremadamente criminogénicas”, enfatizó.
“Aunado con lo anterior, las políticas punitivas, las estrategias de seguridad basadas en la construcción de centros penitenciarios que terminan por ser escuelas del crimen, son sólo algunos ejemplos de que la readaptación social ha fallado y ha sido insuficiente, ya que agravan el entorno de violencia y delincuencia que vive actualmente el Estado de México, pero sobre todo, tomando en cuenta que quienes permanecen privados de su libertad y que en su mayoría no han podido tener acceso a una defensa adecuada por su condición de vulnerabilidad, compurgando penas con verdaderos sujetos del delito quienes comprobadamente les instruyen y obligan a delinquir cuando pueden obtener su libertad, es decir, estamos ante una contaminación criminal”, estableció.
Por último, Ulloa Pérea sentenció que existen muchos factores que hacen necesario instituir la figura de la amnistía en la legislación del Estado de México, pero por la situación que estamos viviendo en el mundo entero respecto a la contingencia por el brote de COVID 19 y a la consecuente urgencia para acelerar la liberación de personas por el alto riesgo de contagio que ocasionan las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios en los centros penitenciarios, es el momento oportuno de hacerlo.