• Después de dos años prófugo de la justicia y ser capturado, jueza libera a quien agarró de los tobillos a Carlos Eduardo Martínez y lo arrojó de 200 metros de altura, en el Puente Calderón

Grupo Puntual / José Contreras Contreras

ALMOLOYA DE JUÁREZ, México, 16 de Octubre de 2019.- Visiblemente mermado de sus capacidades físicas, ahora postrado en silla de ruedas y con 85 años a cuestas, Tomás Alfredo José Guadalupe Martínez Gutiérrez regresó este miércoles a los juzgados, esta vez para exigir se investigue por presunta corrupción a la jueza María Alejandra Carrillo García, quien el pasado 8 de octubre liberó a Erik Rojas Lina, quien en el año 2013 asesinó, junto con otros cuatro sujetos, entre ellos una mujer, al menor de 15 años, Carlos Eduardo Martínez González, entonces alumno del Colegio Montessori, en Toluca, quien era hijo del octogenario.

“No me puedo morir y permitir que este país se hunda en la corrupción de un sistema de impartición de justicia en el que el que tiene unos pesos puede comprar su libertad, aunque haya asesinado a un inocente, como lo era mi hijo Carlos Eduardo”, dijo con lágrimas en los ojos el señor Martínez Gutiérrez.

El célebre caso del “Niño Montessori”, como se le decía popularmente en Toluca al asesinato de Carlos Eduardo, tuvo un respiro de justicia en marzo de 2016, cuando el juez que conoció de la causa, sentenció a 50 años de prisión a cuatro de los implicados: Beatriz Alejandra Morales Sendo, presunta autora intelectual del secuestro y homicidio de Carlos Eduardo, y tres de sus cómplices materiales: Margarito Salas Reyes, Emilio Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández, quienes habrían llevado al estudiante del Colegio Montessori, engañado, a bordo de una camioneta, al Puente Calderón, de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, y lo arrojaron vivo al fondo, de más de 200 metros de altura.

Sin embargo, por lo menos faltaba un involucrado: Erik Rojas Lina, quien, según se documentó con grabaciones telefónicas y otras pruebas fehacientes, se encargó de “cuidar” al menor de edad secuestrado en la casa de su propia madre, ubicada en la calle de Vicente Villada, sin número, en la colonia Reforma, de San Mateo Atenco, desde donde también se hicieron llamadas telefónicas para negociar la libertad y la vida de Carlos Eduardo, la cual al final no respetaron.

Ese sujeto, Erik Rojas Lina, se dio a la fuga cuando supo que los otros involucrados habían sido atrapados, y permaneció prófugo más de dos años, hasta que en un operativo policíaco impulsado por el propio padre de la víctima, fue atrapado en San Mateo Atenco, un día que regresó a visitar a su madre, quien vio minada su salud después de la captura y sentencia de los involucrados, pues también ella fue sujeta a investigación, ya que nadie puede creer que tengan a alguien secuestrado en su casa y ella no se haya dado cuenta.

Una vez detenido, Erik Rojas Lina fue puesto a disposición de la jueza María Alejandra Carrillo García, quien llevó el caso por dos años sin dictar sentencia, a lo cual también contribuyó que los agentes del Ministerio Público que representaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se presentaran a las audiencias, no cumplieron con los términos legales establecidos y mucho menos fueron capaces de aportar pruebas que directamente vincularan al señalado.

“Las pruebas en contra de Erik Lina Rojas existen. Hay grabaciones en las que los otros acusados, en el juicio que se les realizó y por el cual los sentenciaron a 50 años de prisión, ellos mismos relatan que Erik Lina no solamente cuidó a Carlitos, sino, además, declaran que el día que lo arrojaron del puente, él fue quien lo agarró de los tobillos para arrojarlo al fondo del Puente Calderón. Es un asesino. Además, existen las llamadas telefónicas del número de la casa de su madre, donde negociaban, y él mismo reconoció haber hablado con nosotros. ¿Qué más pruebas quiere la jueza?”, acotó don Alfredo Martínez.

Para don Alfredo el caso evidencia corrupción. “Llegó el momento en que los del Ministerio Público dejaron de ir, no cumplían con las citas, no se presentaban a las audiencias, y dejaron caer el caso, por lo que a la jueza le fue fácil tomar una resolución tan estúpida como la falta de pruebas, y lo dejó escapar, a pesar de que nosotros nos tardamos 2 años en atraparlo, porque la Policía Ministerial nunca pudo hacerlo”, reclamó el padre de Carlos Eduardo.

“Si quiere usted una explicación, la explicación se llama corrupción. Es evidente que este tipo, sus familiares, o quienes estén detrás de él, compraron a los agentes del Ministerio Público y a la misma jueza para que dejaran salir a un asesino prácticamente confeso, en contra de quien hay muchas pruebas, nada más que la representación de la Fiscalía de Justicia no fue a entregarlas, a procurar justicia, como es su obligación”, indicó el agraviado padre del “Niño Montessori”.

Don Alfredo Martínez anunció que recurrirá a todas las instancias legales, locales, federales o internacionales para revertir la decisión de la jueza María Alejandra Carrillo García, y dijo que irá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a exigir se investigue la actuación de los servidores públicos involucrados: la jueza y los agentes del Ministerio Público, por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones y probable corrupción”.

“¡No me voy a morir hasta ver a ese tipo tras las rejas, de manera definitiva, y también a la jueza María Alejandra Carrillo García y a los agentes del Ministerio Público que contribuyeron para que uno de los asesinos de mis hijos fuera liberado, ande libre, feliz, riéndose de la justicia, y burlándose de la muerte de un niño!”, advirtió Tomás Alfredo José Guadalupe Martínez Gutiérrez.