Por: Jesús Belmont Vázquez

Global Witness

• Defensores ambientales
• Ubican anomalías en SRE

Congreso de la Unión.- El Global Witness documentó durante el año pasado un total de 207 asesinatos en México de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente, personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas.
El organismo señaló que derivado del aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del Gobierno mexicano en proteger a las personas defensoras, han llevado al brutal silenciamiento de quienes se oponen a la explotación maderera, la minería y otras industrias en sus tierras.
Expone que las personas defensoras del medio ambiente y la tierra suelen enfrentarse a intereses políticos, comerciales y criminales que se confabulan para robar sus recursos naturales; ellas, resisten años de amenazas de muerte, criminalización, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección por parte de las autoridades.
Sostiene que en 2013 gran parte de las aproximadamente dos mil 600 concesiones mineras en México estaban operando en territorios ancestrales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas que habitan allí.
También refiere que el aumento en los homicidios de personas defensoras ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado; es decir, las bandas delictivas intensifican el conflicto por la tierra, pues son requeridas por los cárteles para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
El crimen organizado provee de sicarios a los madereros, narcotraficantes y otros grupos delictivos, que pueden emplearlos para proteger sus intereses, incluso amenazando y atacando a personas defensoras.
Ante este panorama, la Comisión Permanente exhortó al Gobierno Federal a garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada para otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
La Permanente también hizo un llamado para que se garantice que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura.
En el dictamen, se indica que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se encuentran en la primera línea de la lucha para salvar a nuestro planeta de los impactos del cambio climático, salvaguardar derechos humanos y proteger de daños a las comunidades vulnerables.
Destaca que son esos ciudadanos los que defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. Denuncian la corrupción y presionan por cambios en las leyes, políticas y prácticas, para garantizar que se respeten los derechos ambientales y de la tierra.

Piden a SRE informe sobre uso de recursos

También en el desarrollo de la Comisión Permanente, senadores y diputados solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto al uso y destino de los mil 70 millones 49 mil pesos, como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior durante el año 2017.
El dictamen aprobado, indica que en la revisión de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de éstos en dicho programa.
Menciona que se evidenciaron irregularidades por 53 millones de pesos, por lo que determinó, como resultado de la auditoria, 16 observaciones, de las cuales solo una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
Las 15 observaciones restantes generaron 18 recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
La ASF también encontró que, por un lado, se realizaron pagos de los servicios de forma anticipada sin que se solicitaran las garantías de cumplimiento y, por otro, que no se aplicaron las penas convencionales respecto de los servicios de obra correspondientes al contrato número OMBI-OP-LP-02/2017.
Además, en los recursos ministrados a tres representaciones de México en el exterior, etiquetados para el pago de prestadores de servicios independientes, no se identificó la documentación que acredite que fueron aplicados en los conceptos para los cuales se les radicaron.