Jesús Belmont Vázquez
Intolerancia religiosa
- Casi 100 conflictos religiosos en nueve años
- Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más afectados
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Los desplazados están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país.
En determinados casos, los desplazados pueden ser obligados a huir por las mismas razones que los refugiados (intolerancia religiosa, conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno.
En México, desafortunadamente, se carece de información confiable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado por diversas causas.
Ante esta situación, resulta necesario que se elabore un diagnóstico oficial sobre el desplazamiento interno que sirva como herramienta para la construcción de políticas públicas que tome en consideración las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas del fenómeno.
Un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado sería de gran relevancia, además de elaborar una Ley General sobre Desplazamiento Interno.
De la poca información que existe sobre el tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que en 27 estados hay desplazamiento forzado, en especial en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas.
Por desgracia, el desplazamiento forzado no ha sido abordado de manera directa por los tres órdenes de gobiernos, ni las víctimas han sido atendidas de forma adecuada. De hecho, el problema no forma parte de una agenda pública.
De acuerdo con referencias de autoridades estatales y municipales, en el país existen 35 mil 433 personas víctimas del desplazamiento por diferentes motivos.
Especialistas en el tema consideran que se debe crear una política pública dirigida a proteger los derechos humanos de las personas desplazadas; se debe realizar un protocolo de atención a las víctimas, del cual la CNDH incluso ya tiene una propuesta.
Como decíamos líneas arriba, una de las causas por la que las personas se ven obligadas a desplazarse de una región a otra es la intolerancia religiosa, fenómeno que en nuestro país es de alta incidencia al existir infinidad de desplazados por esta razón.
Según la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, la intolerancia religiosa ocurre principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
La citada dirección señala que en los últimos nueve años se han producido cerca de 100 conflictos religiosos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y, en menor medida, en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Morelos.
En muchos de los conflictos los desplazamientos de pobladores se deben a las creencias cristianas evangélicas.
En estos casos destacan, principalmente, Chiapas donde el INEGI reporta que para el año 2000, 63.8 por ciento de la población era católica, mientras que para el año 2010, sólo el 59.5 por ciento profesaban esta religión; en Guerrero también se refleja una reducción en el porcentaje de población católica, al pasar de 89.2 en el año 2000, a 86.9 en 2010, y en Oaxaca, de 84.8 a 81.3 por ciento, en el mismo lapso.
De acuerdo con el organismo, Chiapas registra la diversidad religiosa más amplia del país; el catolicismo es el más bajo, por la presencia de otras creencias que se han acrecentado en las últimas décadas y porque el porcentaje de población sin religión es relativamente alto.
Los comentarios vienen al caso por la información dada a conocer por la Comisión de Asuntos Religiosos del Congreso del Estado de Chiapas, que refiere que San Cristóbal de las Casas, Comitán, Carranza y Ocosingo, son los municipios con más casos de familias desplazadas por intolerancia religiosa.
En la Comisión legislativa se hizo referencia al retorno de las familias indígenas del poblado Gabriel Leyva Velázquez del municipio de Las Margaritas, las que tuvieron que desplazarse por intolerancia religiosa.
En las últimas cuatro décadas, en San Juan Chamula, San Cristóbal, Las Margaritas, La Trinitaria, Ocosingo, y otros municipios, se han registrado casos de intolerancia religiosa, con la expulsión de familias de sus comunidades, sin que los católicos permitan su regreso.