Jesús Belmont Vázquez
Compra amañada
- Dudosa adjudicación directa en IMSS
- Mayor apoyo al campo: Zamora Morlet
Palacio Legislativo de San Lázaro.- El titular del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, sigue cosechando éxitos con las revisiones a auditorias concluidas. Ahora, salen a relucir millonarios desfalcos mediante adjudicaciones directas.
El Órgano Interno de Control, encabezado por Marco Antonio Andrade Silva, revisa en forma escrupulosa la compra hecha en 2013 de 107 neuroestimuladores para pacientes con Mal de Parkingson.
La investigación compromete en forma directa a Carlos Freddy Cuevas García, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Siglo XXI y al director administrativo, Jorge Murillo Rosales.
Ambos, gastaron 29 millones de pesos en 107 neuroestimuladores, con un contrato vigente del 20 al 31 de marzo de 2013, pero que en forma extraña y violatoria se modificó el primero de abril fuera de los once días de vigencia.
Además, los equipos quedaron en guarda y custodia del proveedor, cuando éstos debieron colocarse en forma gradual, con un inventario planeado con pacientes debidamente evaluados por un Comité Técnico y una relación de cirugías; trabajo que nunca se llevó a cabo.
La empresa proveedora Farmacéuticos Maypo, SA de CV, del controvertido empresario Carlos Arenas, entregaría al menos 74 neuroestimuladores sin cumplir con la caducidad de 12 meses. Alrededor de 30 tenían no más de seis meses de vigencia.
Por si fuera poco, dos expedientes de pacientes a los que se les implantó el neuroestimulador cerca del cerebro no se localizaron. Se presume simulación e, incluso, desvío del equipo. Cada pieza tiene un valor promedio de 271 mil 28 pesos y en el “mercado negro” hasta el triple.
Estos presuntos desvíos se suman a la pérdida de 500 frascos de Botox –en el mismo hospital– de los cuales nunca se conoció su destino.
En las cédulas de aplicación de neuroestimuladores levantadas en el ejercicio 2013, las observaciones que destacan son: no correspondencia de la fecha de caducidad entre factura y remisión; ausencia de etiquetas con número de lote USE BY, falta de solicitud de abastecimiento, inexistencia de hojas y expedientes clínicos, omisión de firmas de pacientes y las solicitudes de abasto no coinciden con la aplicación de los productos.
Los hallazgos traerán consecuencias; primero, tendrá que haber ceses e inhabilitaciones y, segundo, óptima utilización de los recursos en beneficio de miles de derechohabientes. Bien por Mikel Arriola.
Buscarán más recursos al campo
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados que preside la panista Guadalupe Murguía y legisladores de diversos partidos coinciden en que el año entrante los recursos que la Federación prevé asignar al campo serán insuficientes.
Señalaron que ante el reducido presupuesto para el campo, es necesario analizar qué programas tienen recursos asignados y conforme a los resultados que reporten este 2017, decidir el monto de las partidas a entregar.
El diputado federal Enrique Zamora Morlet, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste abordó el tema.
Lo hizo durante una mesa de trabajo con la Unión de Ejidos Emiliano Zapata del estado de Chiapas, donde prestó atención a las demandas de los productores.
El legislador del Partido Verde reconoció que el campo chiapaneco requiere mayor apoyo, por lo que garantizó su respaldo ante el Congreso de la Unión para buscar más recursos a favor de los productores, particularmente de la ciudad de Tapachula.
“Ante el Congreso de la Unión vamos a buscar más apoyos para el campo de Chiapas, es por eso que hoy estamos reunidos para reforzar los trabajos y que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan para su desarrollo”, precisó.
En la reunión, los ejidatarios señalaron que más de 40 proyectos están en la congeladora desde hace dos años por falta de atención del Registro Agrario Nacional a más de 20 productores que conforman la Unión de Ejidos.
El diputado Zamora se comprometió a buscar la forma de facilitar los recursos que provienen de la Sagarpa hacia el campo chiapaneco.
La Unión de Ejidos Emiliano Zapata acusó a la delegada del Registro Agrario Nacional, Andrea Gil Vázquez, de ser la responsable al cerrarle la oportunidad de tener acceso a importantes proyectos para seguir desempeñando importantes actividades en los terrenos destinados a la siembra de maíz, soya y frijol.