Jesús Belmont Vázquez

Centralismo

• Cuestionan compras centralizadas
• Requiere estructuras de contrapeso

El presidente electo López Obrador pretende ejercer un poder absoluto no solamente sobre el Poder Legislativo al contar con mayoría en ambas cámaras, sino también en el Ejecutivo como lo demuestran sus propuestas de designar coordinadores estatales y centralizar las compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda.
En pocas palabras, con esta última propuesta, AMLO pretende monopolizar la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal al dejarlas bajo la responsabilidad y manejo de una sola dependencia, con lo que se crearán cotos de poder al amparo de los altos funcionarios. El área responsable sería la oficialía mayor.
La pregunta que nos hacemos es si de esta forma el futuro presidente de México pretende acabar con la corrupción y el diezmo que todo proveedor del Gobierno Federal tiene que dejar cuando es beneficiado con un contrato de obra, de prestación de cualquier servicio o de suministro de productos y mercancías, al dejar todo en manos de su círculo más cercano de colaboradores.
La propuesta es riesgosa y no es garantía de que ello termine con la corrupción y la falta de transparencia, pues solamente monopolizaría las adquisiciones de la Federación.
Sobre este tema, la senadora Martha Tagle Martínez, dijo que es un error otorgarle un poder monopólico a una institución o área, en este caso a la oficialía mayor de Hacienda, ya que dicha medida genera diversos cuestionamientos respecto a los beneficios o perjuicios que traería consigo.
Tagle citó que este tipo de acciones sobre el control del gasto público se aplica en diversos países de la Unión Europea, como por ejemplo en el Reino Unido, donde esta acción tardó más de un sexenio en dar resultados y dependió de la volatilidad de su moneda.
La legisladora comentó que diversos actores han manifestado la posición de poder y privilegio de la Secretaría de Hacienda, por lo que es necesario su rediseño para crear contrapesos y no perpetuar los actos de corrupción y desvíos millonarios de recursos públicos que han contado con un amplio margen de discrecionalidad e impunidad.
Dijo que Brasil es uno de los países en América Latina que han instaurado el mismo modelo; sin embargo, los índices de corrupción no han disminuido, incluso ocupa el primer lugar en corrupción de acuerdo al Latinobarómetro 2017.
Tagle Martínez indicó que es necesario atender cuestiones inmediatas como el control, uso y destino del Ramo 23 que está a cargo de la SHCP y en consiguiente erradicar las prácticas de corrupción, desvíos millonarios y uso discrecional del presupuesto.
Ante ello la legisladora señaló que es imperante que el próximo gobierno incluya dentro de sus prioridades, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que recientemente cumplió dos años, y que continúa acéfalo al carecer de un Fiscal Anticorrupción, así como de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa especializados en el combate a la corrupción.
La senadora por la Ciudad de México dijo estar a favor de la austeridad y se pronunció por generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan el uso adecuado de los recursos.
“Mi postura es a favor de la austeridad y el ahorro, pero sin subestimar la transparencia, con ello podemos combatir la corrupción en materia de compras y licitaciones”.
Tagle recordó que diversos especialistas dieron a conocer cifras el año pasado que de los 228 mil contratos públicos por un valor de 585 millones de pesos, el 78 por ciento fue mediante adjudicación directa.
La legisladora reiteró que el modelo de “compras centralizadas” es cuestionable, y subrayó la advertencia de diversos expertos en la materia sobre la probabilidad de que estas licitaciones o adjudicaciones solo beneficien las compras a “gran escala” que dominan las empresas reconocidas sin dar oportunidad de competir a las pequeñas y medianas empresas.