Por. Jesús Belmont Vázquez                                   

Indígenas

• Población étnica del país
• Sujetos de derecho público

Congreso de la Unión.- México es uno de los países con mayor diversidad cultural, tan sólo en el territorio nacional la población indígena representa un importante grupo social que por su historia y cultura se identifican como pueblos originarios.
A lo largo de todo el país, se habla una gran variedad de lenguas indígenas que definen la existencia de una rica conformación étnica, lo cual le ha dado a México una importante riqueza pluricultural reconocida a nivel mundial.
Sin embargo, es una realidad que las comunidades indígenas en México han pasado por un proceso histórico muy abrupto, ubicándoles en los niveles más bajos dentro de la estructura social y económica.
Este sector de la población es el que mayoritariamente padece pobreza extrema y exclusión social, así como carencias y dificultades para acceder a servicios de salud, educación, alimentación suficiente y calidad en los espacios de vivienda.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refieren que más del 89 por ciento de los pueblos indígenas en el país, viven por debajo de la línea de pobreza, habitando espacios de alta y muy alta marginación y que los va rezagando, dejándolos en un inminente desequilibrio en relación al grueso de la población.
Es una realidad la prevaleciente y marcada connotación de que ser indígena es una característica que pone en total desventaja y que por esta condición difícilmente se tendrá una calidad de vida en igualdad de circunstancias.
Diversos estudios han coincidido que existen factores subjetivos que están ligadas a una desigualdad de oportunidades, principalmente al no respeto de los derechos de los indígenas, la discriminación encubierta y factores que hacen difícil su integración y cohesión social.
A pesar de este escenario, integrantes de la población indígena han buscado por diferentes medios destacar en diversos escenarios, situación que en la mayoría de los casos ha sido resultado de un esfuerzo personal, de tenacidad y constancia, y eso hay que reconocerlo.
En este tenor, las diputadas Claudia Martínez Aguilar (Morena) y Clementina Marta Dekker Gómez (PT), así como especialistas en asuntos indígenas, coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda legislativa encaminada a fortalecer los derechos de las comunidades y pueblos originarios para darles el estatus de “sujetos de derecho público”.
Durante el foro “Los Pueblos Indígenas ante la Cuarta Transformación”, organizado por ambas legisladoras, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemoró el 5 de septiembre, señalaron que a los pueblos originarios no se les debe ver como grupos susceptibles de programas asistencialistas, sino como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Ser reconocidos así implicaría que los pueblos indígenas no tendrían que recurrir a un órgano del Estado para hacer cumplir sus determinaciones, aunado a que éste tendría la obligación de suministrarles recursos económicos para que puedan hacer efectivos sus derechos.
La diputada Dekker Gómez indicó que la agenda legislativa en materia de asuntos indígenas es una deuda ancestral y moral, y debe considerar una reforma constitucional, para otorgarles el reconocimiento de sujetos de derecho público.
Agregó que otro de los temas a tratar en dicha agenda debe ser la creación de un protocolo de atención a migrantes de pueblos indígenas.
“Nuestra tarea es invitar a los demás compañeros de los distintos grupos parlamentarios para que asuman esta agenda legislativa que ya estamos construyendo”, comentó Dekker Gómez.
La diputada Martínez Aguilar (Morena) expresó que uno de los objetivos del foro es “dar más y mayor importancia a nuestros pueblos originarios, los cuales han sido al paso de los años motivo de discriminación y rezago”.
Guillermo Rafael Santiago, ex diputado federal de Morena en la pasada legislatura, aseguró que la principal demanda de los pueblos indígenas es que se les reconozca jurídicamente como sujetos de derecho público.
Recordó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política, para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “pero se quedó en la congeladora” por cuestiones políticas.