Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 1 de Julio de 2019.- Debido a que las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género, así como los albergues para víctimas del delito de trata de personas no cuentan con los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y las instalaciones necesarias, los diputados locales exhortaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a que provea de lo necesario a esos espacios para que tengan un adecuado funcionamiento.
La diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, informó que el exhorto que fue aprobado por la Diputación Permanente también solicita que informe a la Legislatura local las acciones y mecanismos desarrollados para operar los recursos de 213 millones 581mil 134 pesos y que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019.
“También pide que la Fiscalía informe sobre la forma en que fueron aplicados los recursos destinados a los albergues para víctimas de trata de personas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 a 2019”, añadió.
Labastida Sotelo señaló que ante el alto número de víctimas, la obligatoriedad del Estado de atender la violencia contras las mujeres y las medidas previstas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, obliga a las Agencias a prestar una atención especializada por personal capacitado, en espacios dignos y diseñados para brindar un servicio eficiente, eficaz, digno y con absoluto respeto a los derechos humanos.
Finalmente añadió que los integrantes de la comisión visitaron las agencias ubicadas en los municipios de Ixtapaluca, Zumpango y Atizapán de Zaragoza, observando deficiencias en instalaciones que no aseguran privacidad y seguridad a las denunciantes, faltan médicos, peritos, psicólogos y trabajadores sociales, hay carencia de espacios para resguardar carpetas de investigación y evidencias, de vehículos para el traslado de la policía ministerial y peritos, y de servicio de internet, impresoras y material de papelería.