• Solicitan diputados aclarar cifras sobre muertos por COVID-19, temen se “maquillen” datos

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 28 de Octubre de 2020.- El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, afirmó que los datos y los números en términos de acceso a la justicia no son los más satisfactorios, por lo que la dependencia a su cargo se encuentra trabajando con los ejes de representación jurídica y legislativa, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, la justicia para el desarrollo y la justicia cotidiana. 

Durante su comparecencia ante los diputados locales, indicó que hasta el momento se han presentado ante la Legislatura local un total de 98 iniciativas, han participado en el análisis de más de 239 reformas al marco jurídico de la entidad y en el ámbito administrativo se han modificado 61 reglamentos y elaborado 127 acuerdos.

“Derivado de la pandemia del Covid-19, se han emitido más de 100 acuerdos y protocolos con la finalidad de establecer medidas que aseguren la protección de todas las personas para minimizar los riesgos de salud y para buscar gradualmente la reacción de la economía, así como de las actividades de las familias mexiquenses”, destacó.

En el tema de la Comisión de Búsqueda este año se ha logrado ubicar a 4 mil 800 personas que estaban desaparecidas en la entidad, por lo que se ha ido fortaleciendo de acuerdo a las posibilidades presupuestales y en breve estará adquiriendo tecnología para poder realizarlas, lo que no ha impedido que sigan trabajando en coordinación con otras dependencias. 

POSTURAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el Estado de México ocupa el vergonzoso primer lugar en feminicidios, pues de los 704 feminicidios registrados en México, 106 fueron perpetrados en la entidad, y aunque hay acciones desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, no se ve reflejado ninguno de los resultados en la entidad.

El legislador Telesforo García Carreón, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que las Caravanas por la Justicia Cotidiana constituyen un programa social muy relevante, que se ha venido implementando para brindar orientación jurídica y acercar diversos servicios de forma itinerante, hasta los propios municipios, sin embargo, ante las condiciones sanitarias actuales, cómo seguirán justificando su operación ante esta nueva realidad.

Mientras que la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, a nombre del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también solicitó saber a cuanto asciende el presupuesto destinado para la marcha y operación de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, pues por la pandemia por el Coronavirus Covd-19 han tenido que suspender su implementación.

La legisladora María de Lourdes Garay Casillas, integrante de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) resaltó que en el 2019 y en lo que va del 2020 el 50 por ciento de los mexiquenses han tenido problemas con la justicia cotidiana y solo 3 de cada 10 personas buscan asesoría formal para llegar a alguna institución de impartición de justicia, con lo que se comprueba la falta de confianza en instituciones encargadas de la misma. 

Del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Ingrid Schemelensky Castro afirmó que a pesar de que en la presente administración se han aplicado programas que buscan combatir la violencia de género como las alertas de violencia, la Red Naranja, las Unidades de Género en dependencias estatales, la campaña informativa Contingencia sin Violencia y la Policía de Género, las agresiones contra las mujeres van en aumento y desde el inicio de la administración los casos de feminicidio prácticamente se han duplicado.

El coordinador de Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Omar Ortega Álvarez expuso que temas como la violencia contra la mujer, el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las minorías o la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, han entrado en crisis a partir de marzo y derivado de la pandemia del Covid-19, mismos que deben ser atendidos de manera eficaz para ver si hay una mejoría.

Finalmente, a nombre del Partido del Trabajo (PT), el legislador Armando Bautista Gómez solicitó saber el número exacto sobre las actas que expide el registro civil de la entidad sobre las personas que han fallecido, pues el informe ha contabilizado 108 mil 897 defunciones, pero es preciso tipificar si son muertes por Covid-19, por probable Covid-19 y por neumonía atípica.