NO HABRÁ RECORTE DE PRESUPUESTO PARA PARTIDOS POLÍTICOS

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Aunque los dirigentes y legisladores de las diversas fuerzas políticas cuestionaron las reducciones del gasto en materia de educación, salud, infraestructura y programas sociales, entre otros conceptos, ninguno ha hecho referencia a la exención de recortes para sus respectivos partidos.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, las «prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos» se mantendrán no solo intocadas, sino incluso con un aumento de 2.66 por ciento en términos nominales para el año entrante.

En cifras redondas y conforme a la distribución del financiamiento público aprobado por el INE, al PRI le corresponderán el próximo año mil 43 millones de pesos, en contraste con los mil 21 millones de 2016; al PAN, 791 millones, contra 774 millones este año, y al PRD, 477 millones, en comparación con los 470 millones del actual ejercicio fiscal.

A su vez, Morena dispondrá en 2017 de 400 millones, lo que representa un ligero aumento con respecto a los 395 millones de pesos de este año, mientras el PVEM contará con 357 millones de pesos, también con un incremento sobre los 352 millones que ejerce actualmente.

Con 331 millones para Movimiento Ciudadano; 258 millones, para Nueva Alianza; 246 millones, para Encuentro Social, y 233 millones, para el PT, se completa la bolsa total de recursos autorizados a las nueve fuerzas políticas.

Los partidos destinan el financiamiento público a sus actividades ordinarias permanentes, así como a tareas de educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, tareas editoriales, además de franquicias postales y telegráficas.

Con el presupuesto del INE para el próximo año se financiarán diversas actividades, entre las que destacan el inicio del proceso electoral 2017-2018 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre; cuatro elecciones locales que implican la instalación de 62 por ciento de las casillas usadas para los comicios presidenciales de 2016, así como las tareas para la estandarización de las condiciones de la competencia por los poderes públicos.

La asignación sin recortes a los partidos políticos nacionales contrasta con la reducción a diversas entidades y programas del gobierno federal, como consecuencia de un escenario económico adverso y la obligada austeridad en el gasto público.

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