Operan en Edomex ocho carteles

  • Se carece de herramientas jurídicas para combatir a la delincuencia organizada

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 30 de Octubre de 2020.- Corrupción al interior de los ministerios públicos, extorsión, feminicidios, homicidios dolosos, desaparición forzada de personas, violaciones, violencia familiar, secuestro, robo a transporte de carga, al transporte público y el servicio profesional de carrera, son algunos temas que fueron cuestionados por parte de los integrantes del Poder Legislativo durante la comparecencia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez. 

Al proseguir con las comparecencias y al responder a los cuestionamientos de los legisladores, Gómez Sánchez dio a conocer que en el Estado de México se ha detectado la presencia de los grupos delictivos de la Familia Michoacana, del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de la Unión Tepito, el Cartel del Nuevo Imperio, el Cartel del Sur, así como células de los carteles del Golfo y de Sinaloa.

“Las entidades federativas estamos haciendo frente a la delincuencia organizada, pero no contamos con las herramientas jurídicas que se prevén en la Ley federal contra la delincuencia organizada. Ya viene un proyecto de reformas que se está gestionando en el Congreso de la Unión que tiene como fin devolver la competencia

a las entidades federativas y otorgarles las herramientas para poder llevar a cabo estas investigaciones”, expuso.    

En el tema de la extorsión, indicó que es uno de los delitos que crecieron durante la pandemia con un incremento de cerca del 24 por ciento y se concentra en los municipios de Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Nicolás Romero.   

Añadió que además del llamado “derecho de piso”, han detectado una nueva forma de extorsión que consiste en la imposición de un solo proveedor para ciertos productos básicos, como ocurre en el sur de la entidad y añadió que en lo que va del año tienen registrados 2 mil 483 delitos de extorsión, 368 personas detenidas, 154 carpetas vinculadas a proceso contra 247 personas vinculadas y  67 sentencias condenatorias contra 107 personas vinculadas. 

“En el tema de corrupción, somos la institución pública que tiene más asuntos en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa por los informes de responsabilidad, por lo que ce 13, cinco ya son sentencia y los otros están en proceso. Hemos logrado la judicialización de 247 carpetas, de las que 73 son en contra de 138 imputados”, explicó.    

Gómez Sánchez abundó que el delito de trata de personas no se recibe en la barandilla del ministerio público, sino que se tiene que salir a buscar al generar investigaciones para llegar a este tema, por lo que en la realización de 19 operativos lograron el rescate de 38 víctimas, se albergaron 23 víctimas y se lograron varias órdenes de aprehensión.  

Finalmente sobre los médicos legistas y la parte de servicios periciales hay un gran déficit, pues actualmente existen 315 plazas de las que solo 277 están ocupadas y 38 van a ser objeto de una convocatoria.  

POSTURAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El legislador Gerardo Ulloa Pérez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que en los últimos 2 años la dependencia ha recibido recursos financieros sin precedente, bajo el argumento de que esa inversión favorecería una reestructuración integral que dejaría atrás y sepultaría para siempre la inoperante Procuraduría General de Justicia, para dar lugar a una Fiscalía General de Justicia del Estado de México moderna, socialmente útil, capaz de responder a la demanda de justicia como uno de los principales reclamos sociales, sin embargo, en la realidad, esto no está ocurriendo.

A nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Juan Maccise Naime manifestó que el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional de robo de vehículos, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, por lo que es importante saber las acciones realizadas, así como tener un parámetro sobre ese ilícito, con la finalidad de saber si se ha incrementado o se ha combatido de manera oportuna.

La diputada María de Lourdes Garay Casillas, integrante de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) resaltó que en el tema de trata de personas no hay cifras de este delito en el informe, por lo que cuestionó porque no se han dado a conocer los logros que ha conseguido el área encargada de perseguir este delito, así como si existe un programa que permita identificar el modus operandi con el que trabajan las bancas delictivas que comenten este delito.

Por su parte, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resaltó que a pesar de las políticas públicas implementadas no se observa un cambio en la misión y visión de la institución, pues los resultados presentados son desalentadores y contrastan con la realidad que viven los mexiquenses, donde el rubro que más adolece es la procuración de justicia.

A nombre del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Karla Fiesco García resaltó que el la delincuencia organizada es un fenómeno que abarcada cada vez más municipios en la entidad mexiquense y la cual se expresa a través de diversos delitos de alto impacto, por lo que preguntó sobre que grupos delictivos o cárteles operan en el Estado de México, así como en los municipios donde tienen presencia y su han detenido a alguno de sus líderes.

Mientras que el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el legislador Omar Ortega Álvarez resaltó que la inseguridad es un problema que aqueja a los mexicanos pero en el Estado de México se ha convertido en un flagelo, pues en el índice delictivo la entidad ocupa el primer lugar  y se encuentra en semáforo rojo en delitos como violencia familiar, robo y violaciones, que demuestran que las estrategias que se han implementado no han sido las más eficaces.

Finalmente, el diputado Sergio García Sosa, integrante del  Partido del Trabajo (PT) resaltó que los mexiquenses viven con una preocupación constante por la endeble seguridad en su persona y sus bienes, y la procuración de justicia cuyo modelo de aplicación continua siendo lejano a la percepción de los habitantes de la entidad.

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