Penas más severas al enriquecimiento de funcionarios públicos

  • Se pretende que los actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito no queden impunes

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 29 de Julio de 2021.- La diputada Azucena Cisneros Coss, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México con la finalidad de tipificar como graves los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

“La presente iniciativa, será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno, basta como justificante saber que el estado es considerado dentro de todos los estudios y estadísticas, como uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad”, añadió.

Añadió que lamentablemente en México la corrupción se ha ubicado como uno de los principales problemas y está aparejado con un alto grado de impunidad, pues datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demuestran que tan solo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados y entre los que se sancionan, casi nunca se incluyen los cometidos por altos mandos.

Cisneros Coss indicó que el Estado de México, en mayo de 2017, se adhirió a la lucha en contra de la corrupción al crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que si bien fue un avance, el catálogo de delitos graves no sufrió actualización y lejos de ayudar, dio lugar a una permisividad para que cualquier funcionario realice conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles, pues las penas no son los suficientemente coercitivas.

De lo anterior, debe aplaudirse a aquellos legisladores que catalogaron esos delitos como graves, pues comprendían la trascendencia del fenómeno de la corrupción en el desarrollo de nuestra sociedad y economía, sin embargo, con la entrada de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Mencionó que se propone que los procedimientos administrativos o de responsabilidades iniciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), por los órganos de control interno estatal o municipales, así como los sustanciados en materia jurisdiccional administrativa, implicarán la obligación de informar, comunicar o iniciar denuncia, conforme a las normas aplicables, respecto los posibles delitos que se desprendan en los mismos.

En consecuencia, dijo, aquellos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, así como en los que se deriven de las atribuciones de fiscalización y revisión de Cuentas Públicas respectivas, se sujetarán en lo conducente, a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

“Con la reforma se cumplirán varios fines del Derecho Penal, entre ellos, prevenir y disuadir a los servidores públicos de realizar conductas que no solo lesionen al servicio público, sino a la sociedad en general, sancionándolos con severidad, así como conscientes de la responsabilidad y consecuencias de sus conductas en la vida pública”, finalizó.

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