Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 5 de Mayo de 2019.- El Comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, dio a conocer que ninguno de los 125 presidentes municipales mexiquenses ha aceptado la recomendación emitida por la defensoría sobre la situación de violencia de género en la entidad, en particular de la violencia feminicida y el femicidio, lo cual es preocupante.
Añadió que solamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se ha sumado a esta recomendación y el hecho de que ningún presidente municipal la acepte, quiere decir que “no están de acuerdo en una recomendación que tiene todos los elementos para coadyuvar, para hacerlo de carácter transversal, donde todos los esfuerzos estén conjuntados, no en hacer una alerta, pero si una gran metodología de carácter educativo”.
Olvera García abundo que los municipios son el principal respondiente a una violación de derechos humanos y si no aceptan dicha recomendación es porque no les interesa el tema, mismo que no puede quedarse en la última de sus prioridades, por lo que los invitó a sumarse para que puedan ser capacitados con esta metodología.
Sobre las alertas de género, señaló que sí son necesarias, pero no son el paliativo que abarque al cien por ciento la solución al problema del feminicidio, pues hay situaciones que no han logrado resarcirse, por lo que se debe de contar con otros mecanismos idóneos, duraderos y estadistas a gran plazo, como es la educación.
“La alerta está bien, pero no es la medida adecuada para incidir en la disminución de feminicidios, hay que apostarle a la educación. Las alertas no van a resolver los problemas, simplemente van a ser un paliativo que no lo va a terminar, necesitamos cultura, educación, preparación, información, desde los planteles de la escuela primaria, educación media, educación superior”, resaltó.
Finalmente indicó que la alerta no debe politizarse ni judicializarse, sino hacer que la educación entre con todas sus herramientas, insumos y esfuerzos, pues es un problema educativo, de carácter sociológico, antropológico y cultural, por lo que la ley en la materia debe tener políticas publicas certeras y a largo alcance, que tengan como base la educación.