Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 10 de Septiembre de 2019.- Con el propósito de establecer mínimos para asegurar que la licitación pública sea el procedimiento que prevalezca en las contrataciones, y con ello dar cumplimiento a los textos constitucionales, el diputado Margarito González Morales, integrante de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una reforma a diversos ordenamientos.

Señaló que su propuesta establece que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, los ayuntamientos, los organismos autónomos y demás entidades que ejerzan recurso público, garanticen un 51 por ciento en licitaciones públicas ya sea en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes y servicios, así como en la contratación de obra pública.

“La contratación pública es fundamental para que las instituciones gubernamentales puedan cumplir con sus funciones y resulta obligado que el gasto público se aplique eficientemente, para ello se deben implementar mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, en aras de prevenir y sancionar actos de corrupción”, agregó.

Tras señalar que algunos gobiernos utilizan la contratación pública para la promoción de determinados sectores económicos o grupos sociales, para evitar el trato preferencial a los proveedores de bienes y servicios, la norma aplicable debe orientarse a evitar prácticas discriminatorias que contaminen las funciones gubernamentales, y optimizar el gasto público y evitar la distracción de recursos.

“La reiterada falta de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público se ha convertido en un hábito que tolera la corrupción de la administración pública en la entidad. Los vicios de la contratación administrativa tienen su origen en la falta de voluntad política para corregirlos, ha permitido que actos de corrupción como la ´Estafa Maestra´ se hayan realizado con impunidad, bajo el cobijo de la contratación pública mediante asignación directa”, resaltó.

Finalmente, mencionó que el defectuoso marco jurídico es infringido con frecuencia por los servidores públicos encargados de las contrataciones en la administración pública, pues dichas prácticas no son sancionadas aunque constituyan conductas prohibidas por el Código Penal y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios.