- Ponen freno a uso de telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 7 de Noviembre de 2019.- Con el fin de establecer medidas de austeridad sobre el ejercicio del gasto público que deberán observar los poderes, dependencias, entidades y organismos autónomos del Estado de México, la diputada Azucena Cisneros Coss, integrante de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso la expedición de la Ley de Austeridad Republicana del Estado de México.
“Con esta ley se busca garantizar que el patrimonio y los recursos de carácter público se administren sobre los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, añadió.
Cisneros Coss propuso que como mecanismo de evaluación se constituya el Comité de Evaluación, deberá estar integrado por representantes de las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del gobierno estatal, así como por el Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que rendirá un informe anual sobre las medidas de austeridad y el destino de los recursos ahorrados.
“El incumplimiento de estas medidas de austeridad será observado por los órganos internos de control de cada ente público y sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios”, agregó, al tiempo de proponer reformas a dicha ley para incluir como faltas administrativas de carácter grave las conductas relativas al nepotismo y la simulación de acto jurídico.
La legisladora añadió que se incluye en este mismo ordenamiento la obligación de observar una conducta que inhiba el conflicto de interés en las y los servidores públicos en cuanto a la atención de los asuntos a su cargo, por lo que deberán separarse legalmente de los intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio imparcial y objetivo de sus responsabilidades públicas.
Cisneros Coss indicó que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
“La Ley pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones”, finalizó.
