Prueba Legislatura nombramiento de 10 magistrados

  • Ocuparán las magistraturas los próximos 15 años

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 13 de Octubre de 2020.- La Legislatura local, por mayoría de votos, aprobó el nombramiento de 10 nuevos magistradas y magistrados que ocuparán las vacantes que había en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), quienes durarán en el encargo por un periodo de 15 años.

Las juezas y jueces civiles y penales que rindieron protesta el día de hoy son Julia Hernández García, Verónica Carrillo Carrillo, Blanca Colmenares Sánchez, Alhelí Segura Rocha, Juan Manuel Téllez Martínez, Héctor Macedo García, Ismael Alfredo Hernández Alemán, Luis Ávila Benítez, José Alfredo Cedillo González y Alberto Tornero, quienes tienen amplia trayectoria en el Poder Judicial y aprobaron las distintas evaluaciones teóricas, prácticas y orales que realizaron.

“Los profesionistas del Derecho que han sido designados Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), entrarán en funciones en la fecha que determine el Consejo de la Judicatura del Estado de México, conforme a las necesidades del servicio y la existencia de las vacantes definitivas respectivas”, señala el dictamen.

También indica que en todo caso, el cómputo del período constitucional de 15 años iniciará a partir de la fecha en que entre en funciones en el cargo de Magistrado.

De igual manera, los legisladores locales aprobaron la Reforma de la Ley Especial de Declaración de ausencia del Estado de México, propuesta por la diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la que se abroga la Ley Para la Declaración de Ausencia por Desaparición del Estado de México.

Con esta nueva Ley se reducen los términos procesales para proteger los derechos y la personalidad de la persona desaparecida, además de que sienta el fundamento para hacer efectivo el principio de gratuidad al referir que el Poder Judicial del Estado de México y las autoridades competentes que participen en los actos y procesos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos relacionados con su trámite.

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