Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 28 de Octubre de 2021.- La diputada Silvia Barberena Maldonado, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó un exhorto dirigido a la Secretaría del Trabajo estatal con el propósito de que implemente programas, así como protocolos de inclusión y contratación para las personas con discapacidad en las empresas, tanto en instituciones públicas como privadas.

Añadió que en el Estado de México, con base en las últimas mediciones realizadas en el Censo de Población y Vivienda 2020, se tiene un total de 2 millones 583 mil personas con alguna discapacidad, un millón 237 mil personas con alguna limitación y 537 mil con problemas o condiciones mentales.

“Nuestra entidad, es el motor económico del país, derramando anualmente más de 45 mil millones de pesos, y teniendo alrededor de 12 mil 500 empresas de diversos giros operando en la entidad. Actualmente el servicio público estatal tiene alrededor 483 mil trabajadores, contribuyendo de esta manera a la economía integrada de la entidad”, indicó.

Sin embargo, mencionó que dentro de los grandes retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad se puede apreciar la falta de protocolos de inclusión y contratación laboral dentro de las empresas e institución tanto del sector público  como privado.

Barberena Maldonado abundó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la tasa de empleo para personas con discapacidad es tan sólo del 14 por ciento de la población, mientras que el porcentaje de la personas sin discapacidad asciende a 75 por ciento.

Por ejemplo, dijo, en el año 2020, Canadá contaba con programas de inclusión para personas con discapacidad en el 46 por ciento de sus empresas y en México no se llegaba ni al 10 por ciento, mientras que en el Estado de México dicho porcentaje no llega ni al 6 por ciento, pues la Secretaría del Trabajo solo es replicadora y vincula al Servicio Nacional de Empleo, pero no genera programas y acciones propias para la incorporación de este sector poblacional. “Es imperante el exhortar tanto a la iniciativa pública como privada, para que adopten protocolos que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Resaltaría el valor socialmente responsable que predomina en el sistema productivo de cada esfera, tanto empresarial como institucional, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, concluyó.