Grupo Puntual / Redacción
TOLUCA, México, 21 de Febrero de 2021.- El coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, Mauricio Valdés Rodríguez, consideró como una experiencia única a nivel nacional el asesoramiento de las y los juzgadores en la construcción de la nueva Constitución Política local porque podrán abordar demandas ciudadanas como el combate a la impunidad y la consolidación de la justicia pronta, expedita y gratuita.
Por lo anterior, reconoció la colaboración del Poder Judicial para realizar a partir del 25 de febrero cuatro sesiones de Diálogos con juzgadores, en las que las y los magistrados, con base en su experiencia cotidiana en juzgados y tribunales fortalecerán el índice temático del análisis constitucional comparativo en materia penal, civil, familiar, mercantil, laboral y constitucional y sus aportaciones contribuirán a responder al reclamo popular de justicia.
«También deberá evaluarse si valen la pena las concesiones que otorga el Poder Ejecutivo a particulares en el sector transportista, las cuales deben servir a la comunidad, además de analizar el derecho de vía para evitar protestas, arreglos, chantajes y corrupción», añadió.
Valdés Rodríguez agregó que el buen gobierno y la buena administración pública deben ser considerados derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que propuso que, de acuerdo con las temáticas que se aborden, se pida a las áreas técnicas de las dependencias que hagan aportaciones.
«El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitirá una convocatoria para invitar a las y los magistrados a participar en los Diálogos con juzgadores, para establecer la metodología y la agenda», refirió.
Finalmente, indicó que la Comisión de Organismos Públicos Autónomos también celebró su primera reunión de trabajo, en la que se analizaron los aportes realizados por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) al índice temático en el sentido de que el texto constitucional regule la organización y el funcionamiento del Estado privilegiando los derechos humanos.