Por: Norberto Hernández Bautista

El hoyo negro de la inseguridad

Desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo al final de la administración del presidente Peña Nieto el tema de la inseguridad no tiene solución. No hay, no existe un líder político que pueda con este problema en México ni en los países consumidores o los andinos productores como Bolivia, Perú y Colombia. No es, por más que se haya insistido en ello, un problema de orden local; sus alcances son trasnacionales. Ello implica abordar su complejidad desde la óptica de una política pública internacional. México lo tiene que hacer desde una estrategia geopolítica. Si se aleja de esta alternativa seguiremos nadando en un mar sin orillas.

El equipo de transición del gobierno que asumirá la conducción del país a partir del primero de diciembre está obligado a superar el ámbito de lo local. Esa variable ha sido analizada hasta el cansancio, con resultados recurrentemente negativos. Estamos frente a un conflicto que se ha internacionalizado por su complejidad multifactorial. En esa medida, los esfuerzos institucionales deben ser llevados a una mesa de negociación que rompa con la política local de los Estados Unidos que ha criminalizado lo que otros países han hecho. Recordemos que estamos frente a un delito contra la humanidad y que la represión que ejerce el vecino de norte sobre los países productores y de tránsito de mercancías ilícitas y de seres humanos ha provocado miles de muertes, dolor a millones de familias y un vacío institucional que hace imposible la existencia de la justicia y la paz públicas.

Si el equipo de transición se aboca a diseñar medidas estrictamente internas, no habrá efectos sustantivos contra redes pacientemente construidas por la delincuencia organizada. Para evidenciar la complejidad, vale citar que la narcoeconomía en los Estados Unidos ha llegado a contabilizar la derrama de 250 mil millones de dólares; es decir, el 5.3 de su Producto Nacional Bruto (PNB). En Bolivia ha representado el 75%, casi 3 mil millones de un PNB estimado en 4 mil millones, en Perú el porcentaje se ha ubicado en un 90% y en Colombia el 23%. Ante estos interese de orden económico de poco sirven políticas locales como las implementadas por México en los últimos 30 años.

En este difícil escenario nacional, también los medios están obligados a cambiar. Actuar coyunturalmente no abona a la solución del problema; antes bien lo incrementa. En un país urgido de noticias positivas, de soluciones a sus grandes problemas nacionales, es necesario el ejercicio de una prensa que fije posición, que asuma argumentos concretos frente al poder público. Es la única manera de contribuir y exigir eficiencia a la clase gobernante. La peligrosidad del crimen organizado mexicano requiere de ese compromiso constructivo de los medios de comunicación. Ya no son útiles medios que leen noticias, que narran cosas y hacen preguntas sin fondo.

Desde la óptica del sistema político mexicano se han registrado cambios que han colocado al presidente de la República con menor capacidad para gobernar. Los presidentes Fox y Calderón erraron en su estrategia política y entregaron a los gobernadores un poder nunca visto en la historia nacional. El gobernador Montiel y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal tuvieron más poder que el presidente Fox; el gobernador Peña tuvo más poder que el presidente Calderón.

En esa medida, las decisiones de gobierno para mejorar la seguridad pública fueron un fracaso. Pasamos del extremo del maximato del presidente Calles que destituyó a veinticinco gobernadores y del sexenio del presidente Salinas que destituyó a doce, a gobernadores que casi destituyeron a presidentes.

En la realidad de las entidades federativas, los gobernadores también padecen a sus presidentes municipales. Sobre todo, los más grandes, los urbanizados e industrializados del país. Al igual que los gobernadores que asumieron más poder frente al Jefe del Ejecutivo, hay presidentes municipales que condicionan o limitan el éxito de los gobernadores. En seguridad pública su lógica es dejar hacer, dejar pasar. En buen español es “nadar de a muertito”. “Que lo arregle el gobernador, es su problema, no es de nuestra competencia”; ese es el discurso recurrente.

Si se quiere avanzar, si se busca hacer algo diferente, es momento de dejar el espacio de lo inmediato y pasar al fondo de un asunto que tiene al Estado Mexicano sumido en un hoyo negro. El crimen organizado trasnacional ahí está, ahí seguirá; las que se tienen que fortalecer, resurgir, son las instituciones de gobierno. Para ello, el presidente electo y su equipo están en tiempo de tomar decisiones en las vías internacional y local. En lo interno la opción es combatir la corrupción de la clase política que ha resultado más letal que los diversos grupos de la delincuencia organizada mexicana. Gobiernos como el de Veracruz, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas no pueden existir más. Han lastimado a México.