Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 15 de Febrero de 2021.- La iniciativa enviada por el presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, turnada a la Cámara de Diputados federal el pasado 29 de enero, además de afectar a la industria productora de energías limpias, perjudicaría también la reputación de México frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados y formalizados previamente en tratados internacionales, afirmo la International Chamber of Commerce México (ICC México)
“Afectaría irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano, pues se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos”, señala en un documento.
Menciona que la prioridad debería centrarse en la preservación de las empresas que aún están de pie y los empleos, además de las inversiones productivas, la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones más competitivas para la industria nacional, pues es innecesario y contraproducente someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) previamente ya se pronunció en contra de los principales argumentos de la iniciativa, los cuales serían la base para juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales a las que acudirían las empresas para defender sus inversiones.
“La aprobación de la reforma afectaría a usuarios finales, desarrolladores, generadores, permisionarios y socios autoabastecidos, permisionarios, contratistas y en general a diversos sectores de la sociedad, a la salud de los mexicanos, al medio ambiente y la economía nacional. Dichos cambios constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma”, sostiene.
Menciona que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como un ente regulado en el mercado eléctrico, pues de hacer lo contrario como lo propone la Iniciativa Preferente, generaría un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal, y estaría contraviniendo la Ley de Transición Energética.
Finalmente, hacen un llamado al Congreso de la Unión para que en un análisis crítico y detallado, a través de un Parlamento Abierto, observen que las reformas planteadas a la Ley de la Industria Eléctrica irían en contra de los objetivos primarios referidos en la exposición de motivos como son, entre otras, garantizar la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional y evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final.