- Aprobar Norma Oficial Mexicana 237 elevaría colegiaturas y quebrará a más de 18 mil planteles
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 27 de Septiembre de 2021.- En caso de que se apruebe el proyecto de la NOM 237 en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, las instituciones particulares de educación podrían recurrir al amparo ante el Poder Judicial de la Federación, ya que nunca estuvo disponible el anteproyecto ni la manifestación de impacto regulatorio, aseveró Itzel Carmona Gándara, miembro del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
“Nadie conoce el proyecto final y la manifestación de impacto regulatorio, mismo que se ha solicitado por diversas vías, en tiempos y formas adecuados. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM), en el tiempo que dure el trabajo de consulta pública y de revisión del contenido, donde hemos participado, manifestamos que la norma no es necesaria porque ocupa tiempos, capacidades y hasta presupuesto para llevar a cabo algo que ya está estipulado en más de 53 normas a nivel nacional, que permean en lo estatal y en lo municipal”, explicó.
A nombre de las instituciones particulares de educación, Carmona Gándara indicó que de entrar en vigor esta norma estaría cerrando alrededor de 18 mil escuelas, ya que impactará a la ciudadanía con el incremento de las colegiaturas porque no podrán soportar la nueva carga en sus finanzas, aunado a las afectaciones que han sufrido derivado del golpe económico que genero la pandemia del Covid-19.
Expuso que al hacer una hipótesis con el cierre de estas 18 mil escuelas, el total de personas que se verían afectadas sería de 648 mil, entre directivos, personal administrativo, de mantenimiento, maestros y estudiantes, y en este último caso serían 540 mil estudiantes que se quedarían sin un lugar para estudiar, porque es un hecho que el Estado no puede absorber estos números, ni hoy ni mañana.
“En el tema de requisitos hay confusión de a quien le vamos a responder, si a la Secretaría de Economía o a la de Educación, ahí es donde genera conflicto esta norma porque hay posiciones diferentes. La Secretaría de Educación tiene 200 años y más conociendo la actividad educativa, y la Secretaría de Economía se dedica a atender otras actividades que aunque son de igual relevancia, son diferentes a lo educativo”, resaltó.
Indicó que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tomaron como objeto de la norma las escasas denuncias por abuso en el cobro de las colegiaturas, que son apenas el 0.08 por ciento, porcentaje poco representativo comparado con el universo de alumnos en los planteles de escuelas particulares.
Agregó que ahora sin que exista una queja, la Secretaría de Economía vía la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá llegar a hacer inspecciones e imponer multas, por lo que no podrán con este tema porque las cuestiones que revisan distan de lo dispuesto por la Secretaría de Educación, por lo que con esos criterios tan diversos las instituciones educativas particulares están expuestas.
Finalmente, dijo que confían que las autoridades hagan la apertura y las consideraciones para cancelar el proyecto de la NOM 237, pues debió haber hecho un estudio con los particulares de la educación que incluya un análisis monetario del valor de los costos y beneficios potenciales del proyecto, así como dar alternativas, consideraciones e incluso comparaciones con normas similares de orden internacional, mismas que por alguna razón no existen.