Buscan ampliar el estado de bienestar igualitario

  • Necesario que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante la incertidumbre económica

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 27 de Julio de 2021.- El diputado Max Agustín Correa Hernández, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política estatal con el propósito de establecer la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable y con ello, el derecho humano a la alimentación.

Indicó que el estado de bienestar para los mexiquenses enfrenta inequidades y desafíos urgentes por resolver, pues la disminución en los años de calidad de vida ocurre mayoritariamente entre los 0 y los 19 años, y los problemas de desigualdad son más visibles y graves en las zonas urbanas que en las rurales, donde se incrementa la alimentación inadecuada, deserción escolar, ingresos bajos, inaccesibilidad al agua potable y falta de servicios de salud.

“Ponemos a consideración la iniciativa con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los programas de bienestar social que el Ejecutivo Estatal a través de todo su aparato administrativo les otorga a los ciudadanos, plasmando éstos como un derecho consagrado en nuestro texto constitucional estatal”, explicó.

Correa Hernández añadió que en el Estado de México se tiene la misma responsabilidad y convertir esto en una realidad, ya que además de ser la entidad más poblada y más importante económicamente, también es la que más desigualdades tiene, más inseguridad, más carencias y más necesidades.

Por ello, dijo, se busca ampliar el estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante la incertidumbre económica, desigualdades, desventajas y otras injusticias, por lo llevarlo a rango constitucional es para proteger a las personas desde el nacimiento hasta el deceso, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social.

Añadió que dicho apoyo se dirigiría a los grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidades permanentes, a quienes se encuentren en condición de pobreza y extrema pobreza y las madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad.

“Es evidente la necesidad de establecer en el cuerpo constitucional estatal, la obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir un apoyo no contributivo para los sectores vulnerables, pues no existe una disposición expresa que reconozca esto. Estos sectores vulnerables requieren de una protección reforzada por parte del Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o transgreda”, finalizó.

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