Se esperan recursos frescos para buscar a desaparecidas

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 19 de Mayo de 2019.- La diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, dio a conocer que el gobierno federal anunció que se destinarán más de 400 millones de pesos para las acciones de búsqueda de personas en el país, de los que más de 200 millones de pesos serán distribuidos en las entidades.

“Habrá que ver cuánto le toca al Estado de México, desde el Poder Legislativo promoveremos, en forma respetuosa, la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) en el tema de las desapariciones, no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos”, añadió.

Indicó que entre dichas dependencias se encuentran la Comisión de Búsqueda de Personas, casi de reciente creación, urgida de más fondos para desarrollar su estructura y desplegar plenamente sus acciones, al igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Labastida Sotelo manifestó que desde el Poder Legislativo se buscará evitar que haya simulación en este tema, además de tomar providencias para la elaboración del presupuesto del año próximo con el fin de apoyar a las instancias responsables para que cuenten con el personal y el equipo suficiente para llevar a cabo la tarea con eficiencia y oportunidad, y se haga justicia a las víctimas y a sus familias.

Resaltó que en el Estado de México la meta de los legisladores “es enriquecer la iniciativa de Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado de México con las propuestas realizadas por los familiares de personas desaparecidas, con la finalidad de valorarlas y llevarlas a las reuniones de comisiones”, resaltó.

Por último, manifestó que la participación directa de los ciudadanos en las decisiones legislativas contribuye a su aceptación social, pues si los destinatarios de la ley son escuchados durante su elaboración, se tienen en cuenta sus demandas y aportaciones, considerarán esa ley como propia, en cuya elaboración participaron y con la que se sienten personalmente implicados, además de que asumirán la eficacia y la aplicación de la ley como un compromiso personal.

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