- Temen se privatice la diversidad genética del país
Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 13 de Junio de 2019.- Los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de México aprobaron exhortar al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no suscriban el acta de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV 91, también conocida como Ley Monsanto, con el fin de evitar que la agricultura entre en un proceso de privatización y monopolización de semillas y variedades vegetales.
El exhorto, presentado por el diputado Max Agustín Correa Hernández, integrante de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también fue dirigido a los integrantes de la LXIV Legislatura federal, a fin de que elimine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en meses pasados, pues limita el uso e intercambio de semillas por parte de agricultores.
“La nueva versión del Tratado de Libre Comercio, ahora Tratado-México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que obliga a México a entrar al convenio UPOV 91, es una ley que despoja de la riqueza ancestral a los campesinos y a los mexicanos para que las empresas transnacionales se adueñen y privaticen la diversidad genética del país”, advierte el documento.
Señala que la Ley Monsanto ha significado en otros países aceptar legalmente la propiedad sobre los cultivos mediante patentes vegetales denominados Derechos del Obtentor, es decir, para la reproducción o multiplicación de lo que denominan “variedad protegida” se requerirá una autorización para la siembra, cultivo, posesión, venta o cualquier forma de comercialización, importación, exportación o acción que involucre su manejo.
Resalta que de acuerdo con el Atlas de la agroindustria 2019, las trasnacionales que dominan el mercado de las semillas son Monsanto, DuPont-Pioneer y el Grupo ABCD que se conforma por Archer Daniels, Midland Bunge, Cargill y la Louis Dreyfus Company, la UPOV 91 promueve la privatización de toda serie de plantas alimenticias, medicinales o silvestres, incluso las variedades campesinas, indígenas o comunitarias producidas y mejoradas con conocimiento milenario.
El punto de acuerdo resalta que otro peligro para el campo mexicano y los productores agrícolas es la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales, turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para su estudio.
“La redacción de dicha iniciativa limita el uso e intercambio de semillas por parte de agricultores, lo que afecta directamente a la diversidad genética; y en caso de que se contaminen los maíces nativos por híbridos patentados, otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes y se criminalizaría a nuestros indígenas y campesinos que las obtuvieron por procesos naturales de polinización”, concluyó.