Grupo Puntual / Martha Romero
TOLUCA, México, 10 de Marzo de 2019.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, el diputado Maurilio Hernández González, aseveró que los órganos legislativos están sujetos a la revisión y a la toma de decisión del Órgano de Gobierno y de concertación, que es la junta de Coordinación Política, y no por reparto de cuotas.
Añadió que la Junta de Coordinación Política hace las propuestas correspondientes sobre los órganos legislativos a los integrantes de la Legislatura local, ya que no son decisiones del grupo de coordinadores y todo cambio se procesa al interior de la misma, como corresponde.
“No hemos tomado medidas precipitadas en el ajuste o reordenamiento del trabajo administrativo operativo de la Legislatura, porque lo que se tenga que ajustar, se va a ajustar en razón de las necesidades de eficientar. No tiene por qué haber reparto de cuotas, de ninguna manera”, resaltó.
El también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que quién aspire a ocupar algún cargo en alguno de los órganos legislativos, indiscutiblemente tendrá que ser con base a su perfil y que cubra los requisitos.
Hernández González refirió que el titular de la Contraloría del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos concluye su periodo en seis o siete meses, pero aún no saben que decida la Legislatura sobre si concluyendo su periodo se le ratifica para uno más, aunque tendrían que revisar la Ley porque ya existen algunas limitantes en razón de los periodos que ha cubierto el área.
Sobre el auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, señaló que “la comisión correspondiente ya aprobó un cronograma para retomar todo el proceso de la Cuenta Pública que todavía está pendiente y derivado de eso, ya vienen una serie de decisiones al respecto”.
Cabe señalar que, hasta el momento, solo Alfonso Macedo Aguilar ha sido removido como coordinador de la Biblioteca del Poder Legislativo por quejas del personal por trato inadecuado, asunto en el que hubo elementos de prueba y que fue tomado en cuenta para tomar dicha medida.