Según estadísticas del Poder Judicial de la Federación, sólo mil 143 personas que fueron detenidas por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea, ingresaron a prisión, esta cifra corresponde sólo al 16.5% mientras que a otras 5 mil 67 personas se les concedió seguir su proceso en libertad y 695 fueron exoneradas de ese delito.

Las personas que quedaron en prisión preventiva, a consideración del juez, fueron aquellas a las que el Ministerio Público pudo comprobarles que tienen cierto grado de peligrosidad o fueron procesados o sentenciados, o no se pudo garantizar que comparecerían en el juicio ni aseguraron el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima.

A un año de iniciado el nuevo modelo se generó un debate entre quienes consideran que debe reformarse para ampliar el catálogo de delitos graves y evitar que reos puedan llevar su proceso en libertad, frente a quienes piden tiempo para que el sistema se consolide, puesto que consideran que las fallas están, entre otros, en la capacitación.

Con las modificaciones del nuevo sistema, el artículo 19 de la Constitución señala que: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Esto significa que si no se cumplen con estas condiciones, los imputados pueden continuar el proceso en libertad con otro tipo de medidas cautelares, como la presentación periódica ante la autoridad.

De noviembre de 2014, fecha en la que inició el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Poder Judicial de la Federación, a la fecha 6 mil 905 personas han sido detenidas por la posesión irregular de armas de fuego, 90% de las cuales fueron vinculadas a proceso. Esto significa que 695 detenidos fueron exonerados y a 6 mil 210 se les siguió un proceso penal.

Del total de procesados, mil 143 personas fueron privadas de su libertad y 5 mil 67 liberadas; sin embargo, continúan el procedimiento.

Faltan registros. Especialistas urgieron la creación de una Unidad de Medidas Cautelares que vigile que las disposiciones señaladas por el juez se cumplan para evitar la fuga o la reincidencia.