Sigue Edomex en primer lugar nacional en feminicidios

  • Mujeres deben conocer qué hacer y dónde acudir cuando sean víctimas de violencia

Grupo Puntual / Martha Romero

TOLUCA, México, 4 de Octubre de 2020.- La recién creada Secretaría de la Mujer deberá cumplir un papel fundamental en la protección de los derechos y la integridad de las mexiquenses, así como en la observación de las reformas aprobadas recientemente por la Legislatura local, sostuvo la diputada Mariana Uribe Bernal, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Apuntó que las reformas también buscan contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres en general, ya que el Estado de México sigue ocupando el primer lugar nacional en el índice de feminicidios, pues tan solo de enero a mayo del presente año se registraron un total de 47 casos.

“La necesidad de que las mujeres de la entidad, en especial quienes participan social y políticamente, conozcan a detalle dichas reformas legales, ya que no sólo les servirán para conocer con precisión cuáles son sus derechos políticos e identificar la violencia política por razones de género, sino para saber qué hacer y a dónde acudir cuando la sufran”, expuso.

Uribe Bernal resaltó que algunas de las aportaciones del Congreso Mexiquense son la reforma a la Constitución Política Estatal y a cuatro ordenamientos secundarios, como la definición de violencia política, así como la extensión de la paridad de género al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

Otra de las aportaciones, dijo, es la eliminación del lenguaje sexista en la legislación estatal y la obligación que tienen los diversos partidos políticos de proponer candidaturas tanto propietarias como suplentes del mismo género, ello con el fin de evitar los casos conocidos como “juanitas”.

“Será a partir del próximo proceso electoral local, el cual dará inicio en el mes de enero 2020, cuando no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres debido a su género, violencia familiar o de género y delitos contra la libertad sexual o quienes sean deudores alimentarios”, concluyó.

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